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Con motivo del espectacular triunfo de Milei en las
recientes primarias argentinas, que ni las encuestas ni nadie se esperaba,
parece importante auscultar en torno a su pensamiento que se asume está
contenido en lo que está proponiendo a los argentinos si llegara a ser gobierno.
Más allá de la imagen que proyecta, de candidato estrella, rock-star en el firmamento político, de las caras que pone, interesa introducirnos en lo que se esperaría de él y de quienes le acompañan. De partida cabe destacar que es un acérrimo partidario del mercado libre, de un gasto público llevado a la más mínima expresión reducido a proveer la seguridad que garantice los derechos de propiedad privada y la no intervención del Estado en el quehacer económico del país.
Importa recordar que la irrupción de Milei obedece al descrédito entre los argentinos de la que ha llamado “casta política”. Casta responsable de distintos gobiernos, peronistas u no peronistas, cuyas políticas han generado una inflación que han sido incapaces de mantener a raya. En este sentido Milei es consecuencia del cansancio de los argentinos con los políticos tradicionales. Está por verse si Milei es el remedio para la enfermedad inflacionaria sin dar origen a otras enfermedades iguales o peores.
De acceder Milei a la primera magistratura del gobierno argentino, al menos hasta ahora, se ha propuesto un conjunto de medidas de por sí controversiales. Digo hasta ahora, porque de aquí a la primera vuelta, quién sabe cuáles de ellas matizará o agudizará. Y si no gana en primera vuelta, pero pasa a la segunda, lo más probable que las medidas propuestas tengan otra vuelta de tuerca. Bien sabemos que la necesidad tiene cara de hereje. Así como en el hipotético caso que logre hacerse de la presidencia, entra a tallar este otro refrán: otra cosa es con guitarra. Bien lo sabemos en Chilito. A continuación, van algunas de las medidas que se ha propuesto.
Dolarizar la economía y dinamitar el Banco Central: esto implica eliminar el peso argentino, perdiendo con ello eliminando con ello una de las funciones claves del banco central, como es la de emitir moneda nacional. El peso argentino se reemplazaría por el dólar, divisa norteamericana. Con esta medida, Argentina vería disminuida su autonomía financiera. Se apoya en la experiencia ecuatoriana, la que Milei califica como positiva, afirmación de dudoso gusto a la luz de la actual realidad de Ecuador. Experiencia similar fue la vivida por la propia Argentina en tiempos de Menem cuando fijó la paridad del peso argentino con el dólar, experiencia que terminó mal.
Reducir drásticamente el gasto público: para estos efectos reducirá los actuales 18 ministerios a tan solo 8. Entre ellos, los de educación, de salud, del trabajo, de obras públicas, de la mujer, de ciencia y tecnología. Como él mismo lo ha dicho, tiene in mente un plan “motosierra” de corte extremos del Estado. Entre los ministerios que sobrevivirán, se encuentran los de economía, seguridad, defensa, relaciones exteriores y de justicia. Esta disminución de ministerios sería acompañada de una eliminación o reducción de los subsidios que gozan las empresas proveedoras de servicios básicos, las que se compensarían con una liberación de sus tarifas. De este modo se espera que los precios de los servicios básicos reflejen los costos reales en que incurren las empresas.
Desregular, o lo que es lo mismo, liberalizar la compraventa de armas y de órganos por parte de los argentinos. Lo primero, de modo que puedan encarar por sí mismos el creciente clima de seguridad reinante en gran parte del país; y lo segundo, para abordar el problema de la existencia de miles de personas que están esperando trasplantes de órganos, cuya oferta está muy por debajo de la demanda. La idea es que se puedan comprar y vender órganos como un producto cualquiera, cuyo precio sea fijado libremente por el mercado. Lo que se llama un libremercado sin filtros. Si eres pobre, eres joven y tienes un buen riñón, que otro rico pueda necesitarlo, lo vendes a precio de mercado. Así de simple.
Por último, Milei ha planteado la necesidad de denunciar a los terroristas que hicieron atentados en los años 70, tomaron el poder, reescribieron la historia y se garantizaron la impunidad. Junto con ello pone en duda que las fuerzas de seguridad de los regímenes militares que gobernaron la Argentina hayan cometido delitos de lesa humanidad –torturas y desapariciones- entre 1976 y 1986.
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