En mi columna anterior (leer), respecto de la asociación entre el poder tecnológico y el político, sugerido por Chatgpt, que “el desafío no consiste en frenar el progreso tecnológico, sino en someterlo a reglas democráticas”. La pregunta que me asaltó fue ¿Cómo someterlo a las reglas democráticas en un contexto dominado por el autoritarismo y las élites tecnocráticas? Esto es, en un contexto de concentración del poder tecnológico y económico tal que les dota de una enorme capacidad para condicionar el comportamiento de la institucionalidad política responsable de controlarlos.
A continuación, acompaño una síntesis de la respuesta
(en cursiva) que me dio Chatgpt. Al final haré mis alcances.
Estamos suponiendo que disponemos de
instituciones democráticas suficientemente fuertes para controlar un poder que,
en buena medida, contribuye a debilitarlas. Creo que hay varias cuestiones que
conviene distinguir.
1. El problema de la captura de la democracia: Las democracias no
desaparecen necesariamente mediante golpes de Estado o la supresión de las
elecciones. También pueden vaciarse progresivamente desde dentro. Esto ocurre
cuando:
·El poder
económico adquiere una influencia desproporcionada sobre las decisiones
políticas.
·Las grandes
corporaciones pueden condicionar las políticas públicas mediante su capacidad
de inversión, financiación y generación de empleo.
·Los
gobiernos dependen tecnológicamente de empresas privadas que controlan
infraestructuras esenciales.
·Los expertos
y tecnócratas sustituyen progresivamente la deliberación política por
decisiones presentadas como necesidades técnicas inevitables.
·Los
ciudadanos conservan formalmente sus derechos políticos, pero pierden capacidad
efectiva de incidir en las decisiones que afectan sus vidas.
En estas circunstancias, la democracia puede
seguir existiendo institucionalmente, pero su capacidad de gobernar
efectivamente queda severamente limitada.
2. La paradoja de intentar controlar a quienes tienen el poder: Aquí
aparece una cuestión especialmente delicada. Supongamos que queremos regular a
las grandes corporaciones tecnológicas. ¿Quién tiene capacidad para hacerlo? Se
asume que los gobiernos, pero para estos efectos:
· Necesitan
las tecnologías que desarrollan esas mismas empresas.
· Dependen de
sus inversiones y de sus infraestructuras.
· Carecen
muchas veces de conocimientos técnicos equivalentes.
· Pueden estar
sometidos a presiones económicas y políticas de esas corporaciones.
Se produce así una asimetría de poder:
quienes deberían regular dependen, en buena medida, de quienes deben ser
regulados.
Y hay algo todavía más preocupante: las
élites tecnológicas no necesitan necesariamente ocupar cargos políticos para
ejercer poder político. Les basta con controlar infraestructuras, información,
plataformas y herramientas que condicionan el comportamiento de millones de
personas.
3. ¿Qué alternativas existen? No creo que la respuesta consista
simplemente en confiar en que los gobiernos recuperen su capacidad reguladora.
Se necesitaría una reconstrucción de los contrapesos democráticos. Identificaría
cinco líneas de actuación:
Primera: recuperar el poder ciudadano. La
regulación tecnológica no puede quedar exclusivamente en manos de políticos y
expertos. Debe incorporar mecanismos efectivos de participación ciudadana,
deliberación pública y rendición de cuentas.
Segunda: democratizar el poder económico.
Impedir concentraciones abusivas, fortalecer las políticas de competencia y
evitar que unas pocas corporaciones controlen infraestructuras esenciales para
la sociedad.
Tercera: recuperar capacidad tecnológica
pública. Los Estados no pueden depender enteramente de proveedores privados
para gestionar información, servicios esenciales y sistemas de inteligencia
artificial. Necesitan capacidades propias y autonomía tecnológica.
Cuarta: fortalecer los contrapoderes
sociales. Universidades, sindicatos, organizaciones ciudadanas, medios
independientes y asociaciones profesionales deben disponer de capacidad
efectiva para fiscalizar y cuestionar las decisiones tecnológicas.
Quinta: establecer límites que no dependan de
la voluntad de los gobernantes. Derechos digitales exigibles, autoridades
reguladoras independientes, supervisión judicial y mecanismos de transparencia
que permitan controlar tanto al poder político como al empresarial.
4. Pero hay una dificultad todavía mayor: Todas estas propuestas
presuponen que existen espacios democráticos donde pueden desarrollarse. ¿Qué
ocurre cuando esos espacios están siendo progresivamente ocupados por
tendencias autoritarias? ¿Qué ocurre cuando los propios gobiernos utilizan las
tecnologías de vigilancia y manipulación para perpetuarse en el poder?
En ese escenario, el problema deja de ser
exclusivamente tecnológico o regulatorio y pasa a ser fundamentalmente
político: la recuperación de la democracia se convierte en una condición previa
para democratizar la tecnología. Y posiblemente también a la inversa: recuperar
el control ciudadano sobre la tecnología se convierte en una condición para
recuperar la democracia. Son dos procesos que deben avanzar simultáneamente.
De allí que el desafío, por tanto, no
consiste simplemente en frenar el progreso tecnológico ni en someterlo a reglas
democráticas. Aquí surge una contradicción de fondo:
¿cómo
hacerlo cuando el poder económico y tecnológico se encuentra cada vez más
concentrado en unas pocas corporaciones y élites tecnocráticas, con capacidad
para condicionar a los propios gobiernos y debilitar las instituciones democráticas?
No basta con confiar en que el Estado regule
a quienes, en muchos casos, tienen capacidad para influir sobre él. Se requiere
recuperar el poder ciudadano, democratizar las decisiones económicas y
tecnológicas, fortalecer los contrapoderes sociales y garantizar instituciones
independientes capaces de fiscalizar tanto al poder político como al
empresarial. Porque, en definitiva, no podemos
democratizar la tecnología sin democratizar previamente las relaciones de poder
que determinan su desarrollo y utilización.
Una reflexión final
El tecnofascismo no representa solamente el
riesgo de que la tecnología sea utilizada para controlar a la sociedad;
representa también el riesgo de que quienes controlan la tecnología terminen
teniendo capacidad para decidir las condiciones bajo las cuales se ejerce la
democracia.
Y eso cambia sustancialmente el problema. Ya
no estamos hablando solamente de regular algoritmos, proteger datos o limitar
la vigilancia. Estamos hablando de quién tiene el poder de organizar la
sociedad, establecer sus prioridades y determinar el futuro colectivo. A mi
juicio, esa es la verdadera dimensión política del problema.
Hasta acá la
respuesta de Chatgpt, la que revela un debilitamiento de la democracia desde el
minuto que, al menos hasta ahora, ha sido incapaz de mantener a raya la captura
de quienes detentan el poder político por parte de quienes tienen el poder
tecnológico y económico. Respecto de las 5 líneas de actuación que
me está proponiendo Chatgpt, confieso que no las veo viables. Todo un tema a
resolver.



