No sé si será cierto, porque hoy, con el desarrollo de la inteligencia
artificial, hay que andar con pies de plomo. No es fácil discernir si lo que
que vemos con nuestros propios ojos, o escuchamos con nuestros oídos es verdad
o mentira. Hoy por hoy, la mentira es capaz de pasar por verdad. Sin tener
claridad de lo que se entiende por posverdad, me atrevo a conjeturar que
estaríamos viviendo tiempos de posverdad.
Todo esto a propósito de que una bancada parlamentaria ha anunciado la presentación de un proyecto para crear un registro nacional de vándalos de cuello y corbata (RNVCC). Iniciativa que nace en respuesta a la propuesta del gobierno de crear un registro único de vándalos e incivilidades (RUVI) mediante un proyecto de ley destinado a tener un listado público y sancionar a quienes cometan delitos violentos, destrozos o faltas que afecten el orden urbano y los barrios.
Las sanciones van en la línea de la perdida de beneficios estatales, tales como becas, bonos y otros. Estas sanciones se agrupan en dos categorías. Una sería la de delitos graves y actos vandálicos, y la otra, de incivilidades y faltas locales.
La primera incluye atentados o maltratos a autoridades de distintos ámbitos, tráfico de drogas, cortes de ruta, daños a la propiedad pública, uso de explosivos, fuegos artificiales o disparos; la segunda tiene relación con aquellas conductas que no configurando delitos penales graves, alteran la vida social, tales como el consumo de drogas o alcohol, venta ilegal de alcohol. Comercio ambulante sin permiso, rayados en propiedades, no pagos de pasajes, acumulación de escombros o basuras en lugares no autorizados.
Las sanciones, antes que a cárceles que ya no dan abasto, apuntan a la pérdida de beneficios o derechos, entre otros, la pérdida de la gratuidad en la educación superior, la inhabilitación para postular a subsidios habitacionales o de arriendo, la pérdida de pensiones de gracia o de la pensión garantizada universal.
Está claro que todo esto tiene como objetivo que nos portemos bien. Teniendo esto presente se estaría presentando un proyecto complementario por parte de la bancada parlamentaria demócrata cristiana que incorpore a quienes cometan incivilidades de orden superior, como son los delitos económicos, tales como colusiones, evasiones, elusiones, corrupciones, lavados de dinero, fugas de capitales a paraísos fiscales. Respecto de las sanciones la idea es que vayan más allá de meras clases de ética o de pagos de fianza. Entre las sanciones se plantea la pérdida del derecho a obtener pasaportes y licencias de conducir, del derecho a la devolución del crédito fiscal, a participar en licitaciones públicas y en directorios de empresas.
La idea es clara: si queremos ponernos bravos, seámoslo con todos, con los de arriba y los de abajo. No vale que lo seamos con los de abajo y no con los de arriba. O nos cuidamos todos o se arma la zamba canuta. La iniciativa gubernamental me recuerda los tiempos del innombrable cuando se afirmaba que había que cuidar a los ricos. Alfombra roja para todos, o para nadie. O como dijo un diputado “no puede haber una mano dura para ciertos delitos y una mano blanda para quienes van contra el Estado o el patrimonio público”.
Sería interesante un gran acuerdo nacional destinado inificar ambos registros. Interesante sería. El país lo agradecería.




