El reciente asesinato de un trabajador mapuche de 66 años ilustra el drama que se está viviendo en la macrozona sur donde bandas criminales organizadas están operando desde hace su buen tiempo. Los sucesivos gobiernos han sido incapaces de imponer la paz, ni el orden ni la seguridad que toda comunidad requiere para vivir y trabajar con tranquilidad.
Cuando pregunto quiénes son, unos
acusan a comandos terroristas, otros a grupos
mapuches radicalizados, o a bandas de narcotraficantes y delincuentes.
Lo más probable que todo termine siendo un cocktail que combine todos estos
ingredientes sin descartar la existencia de bandas rivales buscando clavar
estacas en la disputa de territorios. Todos debidamente financiados y dotados
de armamento de grueso calibre. ¿Quién los financia? ¿Quién les provee de
armas? Sepa Moya!
Esto ocurre a poco de conocerse
expresiones de personeros de ámbitos opuestos que han conducido a las más
diversas reacciones. En un extremo están las declaraciones de Héctor Llaitul, y
en el otro, está el discurso pronunciado por el almirante en retiro Miguel
Ángel Vergara.
Con motivo
de la intención del gobierno de crear un estado de excepción intermedio
destinado a permitir que las FFAA controlen las rutas en la macrozona sur para
resguardar el normal flujo vehicular, Llaitul, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), llamó “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la
autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.
De esta
forma, rechazó de plano la iniciativa tal como anteriormente había dado la
espalda a la voluntad de diálogo del nuevo gobierno al asumir sus funciones.
Mano tendida con el propósito de detener la violencia reinante y abordar la
problemática mapuche en todas sus dimensiones. Llaitul complementó lo anterior
afirmando que el nuevo gobierno “es la
expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche hemos sufrido,
dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”.
A raíz de lo declarado por Llaitul, el
presidente Boric expresó que “nuestro gobierno
persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley, nuestro
gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.
Pocos días después, con motivo de la
conmemoración de las glorias navales, quien fuera comandante en jefe de la
Armada en tiempos del presidente Lagos, Miguel Ángel Vergara, se dio el lujo de
pronunciar un discurso en el que hizo referencia a una “amenaza interna”. Y en
base a esta amenaza hace un llamado a ¨los marinos de corazón bien puesto” para
"estar preparados para saltar al
abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron
otros que nos precedieron". Este discurso
fue pronunciado en una comida
organizada por la Liga Marítima, donde se encontraba el Alto Mando de la
Marina, al igual que conspicuos empresarios ligados al quehacer marítimo.
Si
bien posteriormente el Alto Mando sostuvo que “no comparte los dichos de la existencia de un enemigo interno”, pocos lo
creen dado que en su momento no hubo reacción alguna, la que vino tan solo para
bajar los decibeles por el revuelo que se montó.
Tanto las expresiones de Llaitul como las del
almirante en retiro Vergara me recuerdan los tiempos que precedieron al golpe del 73 inundados de
pronunciamientos de esta naturaleza. Tanto entonces como ahora no pocos dicen
que no hay agua en la piscina para guerrillas ni golpes.
Es importante consignar que las ideas que apuntan a
instigar y/o promover la violencia y la resistencia armada son constitutivas de
delito. Tanto las declaraciones de Llaitul como de Vergara le hacen un flaco
favor a sus propias organizaciones así como a las causas que promueven.
Es imperativo bajar la tensión, ponerle coto a la
escalada de declaraciones altisonantes que buscan aleonar y enardecer el
ambiente. De allí la necesidad de perseguir
y rechazar explícitamente toda incitación a la violencia venga de donde venga.
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