Dándonos vuelta en torno al voto voluntario u obligatorio, y las sanciones

Foto de Mick Haupt en Unsplash

Sobre el voto voluntario u obligatorio y las sanciones a aplicar, lo peor que nos puede pasar, es legislar con calculadora en mano, viendo cómo vamos en la parada. Por ello me permitiré recordar la evolución que hemos experimentado en Chile.

Para el histórico plebiscito del 88 la inscripción para votar era voluntaria, y una vez inscrito, el voto era obligatorio. Esto fue así por más de dos décadas. La épica de fines de la dictadura nos convocó a inscribirnos en los registros electorales para poder votar con miras a derrotar al innombrable con un papel y un lápiz, sin odio, sin violencia, pacíficamente.

Con el tiempo, la épica de entonces fue amainando. Es así como el universo electoral fue envejeciéndose y reduciéndose, porque los jóvenes se resistían a inscribirse para no verse “condenados” a votar de por vida dado que el voto tenía carácter obligatorio.

En vista de lo expuesto, en los inicios de la década del 2010 se acordó la inscripción automática y el voto voluntario de manera tal que, no siendo obligatorio votar, para cada elección cada uno viera si votar o no, decisión que vendría dada por las circunstancias y las ofertas disponibles.

En este nuevo esquema el cuerpo electoral se amplió significativamente, dado que incorporó a quienes no estaban inscritos, mayoritariamente jóvenes que se resistían a inscribirse voluntariamente. Como ahora el voto era voluntario, se suponía que habría un mayor esfuerzo por parte de los candidatos por atraer a quienes tradicionalmente no votaban por no estar inscritos. Es así como la totalidad de la población en edad de votar tendría, por primera vez, la oportunidad de expresarse en las contiendas electorales que se avecinaban.

Desde que se implementó el sistema de voto voluntario, la abstención ha estado en alza, como consecuencia del desencanto y desprestigio que ha alcanzado el quehacer y la clase política. El resultado no ha podido ser más frustrante dado que en tanto menos votan, más peso tiene el voto de quienes sí votan. Esto implica que quienes no votan, delegan la decisión de quienes nos representen en los que votan.

Lo ocurrido no hizo sino confirmar una tendencia desde antes que se instaurara el voto voluntario bajo el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio que ya mostraba signos de fatiga. Mientras antes el desinterés se expresaba por la vía de la no inscripción, posteriormente se expresó por la vía de la abstención. Es así como a fines de la década del 2010, nos encontramos con que dos de cada tres habilitados para votar, no votaban.

Este fenómeno sería ilustrativo de que un cierto malestar nos atraviesa, que la política que ha emergido en estas décadas no es el espacio esperado, que la política actual se halla sumergida en negociaciones, transacciones bajo cuerda, a espaldas de los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes. Y para resolver esto, la clase política no ha encontrado nada mejor que forzar las cosas implementando la inscripción automática y el voto obligatorio que nos rige desde comienzos de esta década.

Todo esto al amparo de que el voto es consustancial a una democracia a firme, de que el voto es no solo un derecho, sino un deber. Muy cierto por lo demás, pero si miramos los resultados de las últimas contiendas electorales con voto obligatorio, ellos dan cuenta de un fuerte rechazo a lo que se propone, como fue el caso de los dos proyectos constitucionales que nos presentaron quienes nosotros habíamos escogido para que los elaboraran.

Los sistemas de voto voluntario u obligatorio tienen sus respectivas ventajas y desventajas. En principio me inclinaba por el voto voluntario pensando que forzaría a mejorar la oferta de los candidatos en carrera para atraer a los votantes. Sin embargo, esta mejora esperada no se produjo, y la abstención se mantiene elevada. De allí, que se resolviera implementar el voto obligatorio forzándonos a votar por la opción que consideremos menos mala.

Respecto de las sanciones pecuniarias a aplicar, en la práctica se suelen llevárselas el viento por los más diversos motivos. Parecieran ser más plausibles aquellas sanciones que limitan el acceso a bonos o a servicios públicos a los cuales se tendría derecho si votaran. La experiencia internacional es bastante ilustrativa al respecto.

Esto debiera venir de la mano de la exigencia a quienes son elegidos, ya sea senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales, alcaldes o gobernadores, a adscribirse a servicios de educación y salud públicos.  Esto es, que sus familias estén en Fonasa y sus hijos estudien en establecimientos educacionales públicos. Todo esto, para asegurar que dicten leyes y/o gestionen tales servicios públicos de manera tal que funcionen apropiadamente, esto es, eficaz y eficientemente, y no al revés.