La guerra judicial

En una creciente cantidad de países estamos observando lo que podríamos llamar una suerte de guerra, o relación incestuosa, entre el mundo político y el judicial. Al expresarnos de este modo pareciera que fueran mundos distintos, que no se tocan, que no se interceptan. La realidad parece decirnos otra cosa. Que entre ambos mundos se pisan la cola, colisionan.

A este vínculo se le suele denominar con una expresión inglesa, lawfare, anglicismo que nace de “law” (ley) y “warfare” (guerra), por lo que su combinación podríamos traducirla por guerra judicial.

Hurgando en las distintas definiciones que se han dado, podemos afirmar que por guerra judicial (lawfare) buscamos expresar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley, el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, el uso político del derecho, la instrumentalización de la justicia, la judicialización de la política y/o la persecución judicial.

Otra definición más fuerte, pero no por ello menos válida, es aquella que la define como un mecanismo de ablandamiento político, o una suerte de subliminal invitación a no meternos en las patas de los caballos. En la práctica, tendría por objetivo excluir del ámbito político a quienes buscan impulsar cambios estructurales en la sociedad. En este marco observamos a diario filtraciones, todas interesadas, con propósitos políticos.

Distintas herramientas de inteligencia artificial hacen referencia a la guerra judicial (lawfare) como el uso estratégico del derecho y el sistema legal para lograr objetivos políticos, económicos o sociales. A menudo, implica el uso de acciones legales para bloquear políticas, proyectos, la participación pública, silenciar u obstaculizar la acción de los opositores o silenciar a los críticos u opositores.

De hecho, cualquiera con dos dedos de frente, percibe que el lawfare está siendo utilizado ya sea por gobiernos, oposiciones, corporaciones, redes sociales, medios de comunicación convencionales y hegemónicos, grupos de interés y personas con miras para influir en la política y el discurso público. Unos más, otros menos, pero pocos políticos escapan a la tentación de intervenir en el campo judicial, al igual que desde este último en el terreno político.  Que unos y otros se hagan el Larry, es otro cuento.

Lo concreto es que el resultado de todo esto, del lawfare, la guerra judicial no hace sino socavar la democracia, silenciar a los disidentes y perpetuar la injusticia. Lo prueba el clima de polarización política que se está viviendo, donde pareciera que todo vale, y donde quienes estarían sacando más provecho serían los “no políticos”, “los antipolíticos”, o quienes se las dan de independientes, “cansados de tanta politiquería”. Lo estamos viendo aquí y en la quebrada del ají.

Probablemente así haya sido siempre, pero pareciera que ahora es más descarado, grotesco y visible. En un pasado no muy remoto esto era más sibilino y uno de los mejores ejemplos de “lawfare” lo dio el innombrable quien “legalizó” su “pronunciamiento” con el aval de la Corte Suprema que se cuadró de inmediato colocándose a sus ordenes sin decir agua va.

En Brasil se usó el lawfare para excluir a Lula de la contienda presidencial que posibilitó el triunfo de Bolsonaro, así como ahora en Chile se sacó de la carrera presidencial a Jadue. Son dos claros ejemplos de exclusión política a partir de instancias judiciales. Lo que no fue posible en EEUU con Trump, quien aún con más de 30 procesos judiciales en curso, se dio el lujo de postular y ganar.

Ejemplos tenemos al por mayor, pero con los dados, creo que basta para darse cuenta de lo que estamos hablando.