Al finalizar el año, la Ministra de Salud, a través de declaraciones a un vespertino, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de aborto terapéutico, lo que complementó con frases que activaron la hipocresía reinante e incendiaron la pradera.
El incendio no se produjo por el anuncio de un proyecto que se ve venir desde hace tiempo, pero que se ha retrasado una y otra vez gracias a la secular hipocresía de los mismos sectores dominantes de siempre. Son los mismos que nos tienen dando la hora, que nos tienen como furgón de cola en los temas valóricos.
Son los mismos que en aras de la sagrada familia se oponían al divorcio, mientras por detrás consagraban la hipocresía de la nulidad matrimonial para quienes tenían los recursos para ello. Borraban con el codo lo que escribían con la mano. Los hijos de los matrimonios anulados quedaban en pampa.
Ahora ocurre lo mismo. Ponen el grito en el cielo porque la Ministra de Salud declara que “en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”. Aún cuando pueda estar diciendo una verdad del porte de una catedral, se trata de una afirmación temeraria porque vivimos en Chilito, donde la hipocresía reina, lo que le puede costar el cargo.
Le damos la espalda a una realidad nacional lacerante dada por poco menos de 150 mil abortos al año, lo que da sobre 350 abortos diarios. ¿Y quiénes abortan? Mujeres con y sin recursos, las primeras pagando, con recursos, asumo que en clínicas establecidas, apropiadamente equipadas, con recursos humanos calificados. Para eso tienen recursos de sobra. Las otras mujeres, sin recursos, en clínicas piratas, a lo maestro chasquilla.
Una ley del aborto, al igual que la ley del divorcio, no hace otra cosa que regular lo que no está regulado, lo que se ignora o se oculta. Con el divorcio se reconoció una realidad, dolorosa, pero realidad al fin y al cabo, la que se ocultaba bajo la alfombra. Al final solo los ricos podían volver a casarse, porque se las arreglaban para anular su matrimonio a punta de plata.
Lo mismo ocurre con el aborto. Nadie aborta por gusto, al igual que nadie se divorcia para darse el gustito. Por lo demás, el proyecto de ley del aborto no obliga a abortar, así como la existencia de una ley de divorcio no obliga a nadie a divorciarse.
No faltarán quienes dirán que el Estado está promoviendo el aborto. Por el contrario, está procurando normar lo que ya existe, abortos bien pagados, en condiciones de máxima seguridad para unos, y abortos en condiciones de mínima seguridad, para otros.
La Ministra de Salud no ha mentido, ha dicho una verdad del porte de un buque, pero que por el cargo y la responsabilidad que tiene, no debiera haber dicho sin el respaldo de evidencias difíciles de obtener. De allí su renuncia y aceptación por parte del gobierno. Sobre todo cuando reina la hipocresía.
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