La compra de la clínica Sierra Bella

Foto de Arseny Togulev en Unsplash

La oposición, en el ejercicio de su rol fiscalizador, objetó la compra de una clínica, Sierra Bella, por parte del municipio santiaguino. La objeción entiendo que gira en torno a la compra propiamente tal así como al monto.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sin la aprobación del concejo municipal, resolvió comprar una clínica para atender las necesidades de salud de la población bajo su jurisdicción que no estarían siendo satisfechas mediante la red hospitalaria pública y privada disponible.

La objeción respecto de la compra habría que analizarla en relación a las funciones que le competen al municipio. Y entre ellas se incluye la responsabilidad que le cabe en el campo de la salud primaria, así como en la educación. En consecuencia, la decisión de comprar o no, es de competencia municipal. Lo que podría objetarse es su pertinencia, si es que existe un déficit de servicios de salud primaria en la comuna de Santiago y si la clínica Sierra Bella sirve para estos efectos. Todo apunta a que la clínica se pensaba habilitar para prestar servicios que iban más allá de la atención primaria.

Pero los dardos no van solo por ahí, sino que además van por el precio bajo el cual se quiso comprar la clínica. La Contraloría General de la República (CGR) resolvió objetar y echar marcha atrás al proceso de adquisición de la clínica por considerar que el precio que se debía pagar era sustantivamente menor al pactado. Resolución basada en los antecedentes que se tenían a la vista, los precios de transacciones pasadas, y que eran irrebatibles. Bien hace la contraloría en frenar una compra tras la cual habría indicios de corrupción.

¿Qué llevó a la alcaldesa en emprender esta fallida compra? Pidió tasaciones por distintas propiedades y en base a lo que le señalaron los tasadores, no uno, sino que tres tasadores, ofertó la cantidad de poco más de 8 mil millones de pesos. Monto que la CGR objetó por “precio injustificado” dado que el monto ofertado no se condecía con el monto bajo el cual había sido adquirido por la empresa vendedora. Esto indica que acá hay gato encerrado. Los tasadores contratados por el municipio para realizar la tasación se asume que lo sabían, y si no lo sabían sería señal de negligencia. Si lo sabían, cabe la posibilidad de que por razones de mercado el valor del inmueble varió, lo que no es descartable. No pocas veces el precio de un inmueble baja o sube violentamente por distintas circunstancias. Pero lo resuelto por la CGR indica que nada de eso ocurrió.

En consecuencia, la alcaldesa habría sido engañada, bajo supuesto de que no sabía nada, y por tanto bien hace en querellarse contra los tres tasadores involucrados.  La Asociación de Tasadores se equivoca cuando afirma que la decisión de compra es propia del municipio, cualquiera sea el valor que acuerden. Por cierto, pero el valor ofertado por el municipio estuvo basado en una tasación errónea de parte de tres tasadores. Todo lleva a pensar en la existencia de una colusión, al menos entre los tasadores, o entre estos y la empresa vendedora, si es que no hay también personal municipal implicado. Aquí habría engaño manifiesto, pero difícilmente Irací salga libre de polvo y paja porque habría que ver quién propuso a los tres tasadores. Quien sabe adónde nos lleve la madeja.