Hace ya casi 50 días de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, jóvenes que aspiraban desempeñarse como profesores en escuelas primarias en zonas rurales, pobres, de México. Pasarán los meses y los años, y sus familiares los seguirán buscando hasta encontrarlos, vivos o muertos. Esta búsqueda solo terminará cuando los encuentren. No podrá haber ley ni acuerdo, ni amnistía que favorezca a los responsables de tales desapariciones, hasta que sean devueltos a sus familiares.
Esta es una demanda contra viento y marea en defensa de un derecho humano fundamental, el de saber ¿qué pasó? ¿quiénes fueron’ ¿dónde están? Es una demanda que debe trascender a la localidad y al país en que se produjo. Es una demanda global, del mundo entero, de todo hijo(a) bien nacido(a).
El modelo de las Escuelas Normales mexicanas fue creado en la segunda mitad de la década de los 30 del siglo pasado, modelo que ha sido afectado por las políticas dominantes neoliberales en el ámbito educativo. En Chile, este modelo fue destruido bajo la dictadura del innombrable.
La falta de apoyo a este modelo educativo en México, se ha expresado en la insuficiencia de las becas de estudios y que ha dado origen a sucesivas protestas. En el municipio de Iguala, del Estado de Guerrero, su alcalde ordenó una represión tal que su consecuencia fue el asesinato de 6 jóvenes y el secuestro de otros 43 estudiantes. La policía municipal no halló nada mejor que entregar a estos 43 estudiantes a uno de los carteles del narcotráfico, Guerreros Unidos, quienes actuaron coludidos con el municipio.
Se asume que fueron asesinados, quemados para no dejar rastro alguno y de este modo dificultar la identificación de los restos de cadáveres que se han encontrado. Ya nadie se fía ni de las investigaciones judiciales ni de los forenses mexicanos, razón por la cual se está exigiendo la intervención de forenses extranjeros.
Estamos ante un crimen de un Estado coludido con carteles del narcotráfico que todo lo compra a partir de una protesta cuya criminalización ha conducido a la tragedia que se vive. Se estima que más del 10% de los municipios mexicanos están controlados por el crimen organizado, y que hay más de 30 mil desapariciones forzosas sin aclarar. En muchos de ellos, están involucrados policías, políticos y militares. La desconfianza imperante es tal que se cree que tan solo menos del 10% de los delitos son denunciados.
Como broche de oro, México es el país con la mayor cantidad de crímenes contra periodistas en nuestro continente. Dado el nivel de poder que ha alcanzado el crimen organizado con el respaldo del narcotráfico, se hace difícil creer que el presidente haya sido realmente elegido en forma democrática; imposible no pensar que lo sea con el respaldo de quienes están tras estos asesinatos, secuestros y desapariciones.
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