La acusación constitucional contra el ministro de educación Beyer, es consecuencia retardada de las movilizaciones estudiantiles. Otros efectos, pero inmediatos en su momento, fueron las renuncias de los ministros de educación, Zilic en el 2006, y Lavín en el 2011.
En nuestro país, toda acusación constitucional, debe proceder cuando se ha comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Se puede acusar constitucionalmente al presidente de la república, a ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia, al contralor general de la república, a generales y almirantes de las FFAA, a intendentes y gobernadores.
Si bien, por definición la acusación constitucional en Chile debe tener bases jurídicas, en la práctica su naturaleza es eminentemente política puesto que depende de la correlación de fuerzas políticas imperantes en el parlamento. En el caso de Beyer, la acusación está centrada en que habiendo denuncias y disponiendo de facultades fiscalizadoras, no las ejerció.
Presentada la acusación, para informar si procede o no, la cámara de diputados debe escoger al azar una comisión de 5 diputados. En el caso de la acusación a Beyer, los sorteados fueron 3 representantes de la UDI y 2 de la DC. No escapará a su imaginación que la comisión informó que no procedía la acusación. Con este informe los diputados en pleno se reunieron, y la mayoría estimó que la acusación debe seguir su curso, razón por la cual el ministro es suspendido de su cargo hasta que el Senado, en calidad de jurado, declare si Beyer es culpable o no.
A la fecha, desde 1990, se han presentado 19 acusaciones, de las cuales, casi la mitad (9), han sido contra ministros de Estado, y 3 de ellas han sido contra ministros de educación (Arellano, Provoste y Beyer). De todas las acusaciones presentadas, solo una ha culminado con la destitución, y que fue el caso de Provoste. Estas cifras nos dicen que un tercio de las acusaciones presentadas contra ministros de Estado, afectaron al sector educación, lo que da cuenta de un modelo educacional que provoca un fuerte disenso en la población, y cuya gestión por parte del Estado no ha logrado resolverse.
La acusación contra Beyer ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, lo que dio origen a diversas expresiones. El candidato presidencial más probable de la derecha, Golborne, al igual que todo el sector, en una suerte de reacción refleja, sostuvo que “la politiquería le ha ganado a la educación”. Para la derecha es politiquería acusar al ministro por no cumplir con sus funciones fiscalizadoras al desestimar denuncias de lucro. Sin embargo, no es politiquería que los partidos que lo respaldan hayan votado en bloque por una nueva mesa en la Cámara de Diputados donde uno de sus integrantes fue destituido en su oportunidad de su cargo como alcalde por defraudación al fisco y de tener una deuda con el fisco por un valor superior a los 280 millones de pesos, poco menos de medio millón de dólares. Tampoco considera que sea politiquería que su bloque haya respaldado a este diputado, Pedro Velázquez, a cambio de su voto en contra de la acusación a Beyer, lo que no les sirvió para rechazar la acusación constitucional.
Por el otro lado, Michelle, enfatizó que "la acusación constitucional es una facultad del Parlamento. Ellos han tomado la decisión soberana de ejecutarla. Hoy día en el Parlamento ambas posiciones se han debatido y la gran mayoría ha decidido seguir adelante con esta acusación". Finalmente remató con "lo que yo apoyo es el fin al lucro y que las instituciones funcionen normalmente". Si bien Michelle dice no al lucro en la educación, también afirma que dentro de la institucionalidad, y para ello es necesario disponer de las leyes y de las facultades fiscalizadoras pertinentes con las cuales actualmente no se cuentan. Para tener esas leyes y esas facultades, es necesario que haya un poder ejecutivo que presente las leyes correspondientes y un parlamento que las apruebe. Por tanto, las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias son un verdadero test respecto de la voluntad del país porque la educación deje de ser un negocio, un bien de consumo, y sea concebido como un bien público, como un derecho. Por tanto, se requiere no solo que la oposición gane la presidencia, sino que el parlamento. Si la expresión de la calle, de las movilizaciones, no se concreta en una contundente mayoría parlamentaria, cualquiera sea el gobierno que tengamos no tendrá más alternativa que administrar lo que hay, como es lo que ha ocurrido en estas décadas. En democracia, para avanzar realmente, el poder ciudadano reside en el voto antes que en la calle. Lo otro, es pura música que favorece a los poderes fácticos. No votar, o votar testimonialmente, es perpetuar lo que hay.
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