Acusación constitucional

Con la firma de diez diputados de la oposición ha tomado forma una acusación constitucional contra el ministro de educación, Harald Beyer. El tema de fondo es el lucro en la educación, particularmente en la educación superior, lo que está expresamente prohibido por ley.

La acusación se explica en gran parte por las características de un ministro que desde que asumió, al igual que los que le han precedido, no le han hincado el diente al tema. Desde el gobierno se escandalizan porque presumen que se trataría del primer ministro que está abordando en serio el tema. Al respecto se hace necesario puntualizar que hasta el 2006, con la revolución pinguina, el lucro en la educación no era tema, no estaba instalado en la agenda pública. El malestar de entonces terminó sin pena ni gloria con el famoso acuerdo de las manitos alzadas y el resultado de una comisión con participación de todos los sectores que terminó con la LOCE para dar origen a la LGE. Los cambios introducidos fueron de índole cosmético, que no alteraron mayormente el modelo educativo imperante. Fueron cambios “en la medida de lo posible” que dejaron un sabor amargo en unos y otros.

Luego hubo un reflujo, para volver con el movimiento estudiantil del 2011, ahora con un gobierno de derechas, integrado y respaldado por quienes ven a la educación como un bien de consumo, esto es, por quienes son los papis del modelo educativo imperante. Ya no nos gobiernan quienes estaban administrándolo y sin la fuerza política –y/o voluntad política en muchos casos- para modificarlo sustancialmente, lo que pasa necesariamente por mejorar la calidad de la educación y erradicar el lucro en el sector como motor de su desarrollo.

Si la acusación constitucional contra un ministro de educación, irrumpe ahora y no antes, es porque concurren distintos factores. De partida, hoy hay mucha mayor conciencia de que no podemos seguir engañándonos y ocultando el descarado lucro que hay en la educación en general. Hoy más que nunca se sabe que el lucro en la educación superior es ilegal, y que las élites han estado lucrando a tajo y destajo a costa del endeudamiento de los más pobres. Hoy hay denuncias concretas que antes no existieron, y a las que el ministro le hace el quite e ignora olímpicamente. Hoy existen pruebas del delito, y la Universidad del Mar es un claro ejemplo de ello. Hoy se sabe que los conflictos de interés cruzan a muchos de quienes conforman el gobierno, muchos de ellos en el mundo de la educación. De hecho, un anterior ministro de educación, Joaquín Lavín, tuvo que renunciar por ello.  

Todos saben, todos sabemos, ahora más que nunca, que en muchas universidades se lucra descaradamente, y se siente que las autoridades educacionales, faltan a la verdad, y que no son todo lo diligentes ni transparentes para enfrentar la crisis y que las circunstancias aconsejan. Hoy se tiene un ministro cuya soberbia le hace ningunear las conclusiones de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Hoy ya no se toleran acuerdos de manitos alzadas. Hay una maduración en la sociedad que ya no tolera lo que se toleraba en el pasado.

Esas son las razones de fondo por las que se acusa constitucionalmente al ministro Beyer. Si es posible que se acoja o no, está por verse. La lógica de “en la medida de lo posible” presume que lo posible es lo que determina la correlación de fuerzas políticas en el parlamento, no la calle. Este es un punto central que se hace necesario dilucidar. Si la calle no vota, si quienes conforman los movimientos sociales no votan, la travesía será más larga, más tortuosa. Si los movimientos sociales no se expresan políticamente, difícilmente sus demandas podrán concretarse y lejos estaremos de la posibilidad de que no haya lucro en la educación y de una educación pública, gratuita y de calidad.

La acusación constitucional es un acto de responsabilidad política. Para que nunca más una autoridad pueda darse el lujo de hacerse el loco frente a las ilegalidades de las élites sin que le caigan las penas del infierno.