Educación, Estado y Mercado (parte 1)

En la semana se me invitó a participar en un foro-debate en torno al tema que encabeza esta columna a raíz de la nueva ley general de enseñanza (LGE) que reemplazará a la ley orgánica constitucional de educación (LOCE). Intentaré resumir lo que fue mi intervención centrada en la educación superior que es donde me desempeño por más de 35 años. Hasta la década de los 70, la institucionalidad del sistema de educación superior era muy simple: estaba monopolizada por 8 universidades con sedes regionales, las cuales eran financiadas en un 80% a través de la ley de presupuesto y leyes especiales. Los alumnos tan solo pagaban pequeñas cuotas de solidaridad diferenciadas por su capacidad de pago. Quienes accedían a las universidades solían pertenecer a familias de los quintiles de más altos ingresos. Antes de la irrupción del régimen militar la cobertura llegó a 140,000 alumnos. En 1973 se comenzó a delinear el desmantelamiento de este sistema para configurar las bases de la arquitectura de educación superior que con más o menos variantes menores nos rige hasta la fecha. En efecto, desde el mismo 11 de septiembre de dicho año, a través del decreto n° 50 fueron intervenidas las 8 universidades, sacando a sus rectores y reemplazándolos por miembros de las FFAA, los que se distribuyeron las universidades como verdaderos trofeos de guerra. Todo bajo el argumento de que las universidades habían sido infiltradas por el marxismo-leninismo internacional y que debían ser depuradas. Desde entonces, y hasta 1980 la institucionalidad educacional superior quedó sometida a la discrecionalidad de la Junta Militar, la que estranguló a las universidades reduciendo sus presupuestos en más de un 50%, en tanto que la matrícula disminuyó a 120,000 alumnos. Esta realidad indesmentible, que se oculta una y otra vez, es la que despejó el terreno para imponer a sangre y fuego, a espaldas de la ciudadanía, las profundas reformas promercado aplicadas en la década de los 80 cuyas características centrales se mantienen vigentes gracias a una institucionalidad política que ha asegurado su perpetuidad. Institucionalidad basada en senadores designados y vitalicios al inicio de nuestra peculiar transición; un sistema binominal que sobrerepresenta a la segunda mayoría y excluye a las demás fuerzas políticas; y la existencia de quorums calificados que impiden modificar las leyes que sostienen esta arquitectura. De esta forma, toda modificación solo puede realizarse con la venia de la derecha, otorgándole un poder de veto que ha utilizado sin asco. Es en este marco que surge la LGE en reemplazo de la LOCE, cocinada entre 4 paredes y promulgada el 10 de marzo de 1990, un día antes del inicio del primer gobierno de la Concertación. Por tanto, la LGE es lo que permitió la derecha, no necesariamente lo que quiere el país. Ese es su drama.