Rodolfo Fco. José Schmal Simon

La revolución de los pingüinos

Sorpresivamente, los estudiantes secundarios han copado la escena, tanto por la fuerza de sus movilizaciones como por la envergadura de sus planteamientos. Partió con la solicitud de gratuidad del pase escolar y de la PSU y va por la demanda de un nuevo modelo educacional. Con ello está removiendo los cimientos de una visión de la educación basada en la activa promoción del financiamiento privado y el retraimiento del financiamiento público. Una visión inaugurada en 1981 con la municipalización de la educación, consolidada y consagrada con la ley orgánica constitucional de la educación (LOCE) que se promulgara el 10 de marzo de 1990, justo el día antes que Pinochet entregara la Presidencia del Gobierno, pero conservando la comandancia en jefe del Ejército.

Desde siempre la educación se ha concebido como un medio de ascenso económico, social, cultural. La relevancia que se le dio desde la primera mitad del siglo pasado se revela con el sello que le dio el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en los años 30 del siglo pasado: “Gobernar es educar”. Desde entonces los esfuerzos estuvieron orientados a la cobertura, de modo que la educación estuviese al alcance de todos como una de las formas más efectivas de salir de la pobreza. Es así como se instauró la obligatoriedad de la educación básica y que se ha ido extendiendo hacia la educación media.

Sin embargo, en la actualidad, al menos bajo los niveles y con las características que tiene el sector, en vez de contribuir a reducir las desigualdades, las petrifica o agudiza. En la práctica no podría ser de otro modo bajo un modelo educativo basado en el mercado. No obstante que en los últimos 15 años el Estado ha más que triplicado la cantidad de recursos destinados a la educación básica y media, a pesar de este esfuerzo, el gasto público por alumno es cuatro veces menor que el gasto privado por alumno. En síntesis, el esfuerzo del Estado en educación sigue siendo insuficiente.

Desgraciadamente cuando se habla de la mala calidad de la educación pública se omite esta realidad y la crítica -particularmente la proveniente desde la derecha-, se centra en la eficiencia del gasto público en esta materia. Esta misma crítica olvida el desmantelamiento del sector educacional bajo la dictadura y que la Concertación ha procurado revertir.

Hay que decirlo con todas sus letras: mientras el quintil más pobre reciba una educación cuya subvención que sea la cuarta parte del promedio del arancel que pagan los apoderados del quintil más rico, las desigualdades actuales están condenadas a agudizarse.

Bajo este contexto, solo el día que la subvención por alumno sea al menos el doble que el gasto de los privados, solo entonces puede pensarse en comparación de resultados SIMCE, puntajes PSU o cualquier otro indicador. En las actuales condiciones pretender cotejar el desempeño de los distintos establecimientos llega a ser obsceno.

Mientras tanto: ¿con qué ropa podemos comparar establecimientos que atienden a los sectores más vulnerables disponiendo por cada alumno tan solo de la cuarta parte de los que cuenta un establecimiento particular pagado?