En una democracia uno de sus componentes esenciales es el tenor que posee la relación entre el mundo civil y el militar. La forma en que se estructuran las sociedades modernas en el mundo actual, se basa en el monopolio de las armas por parte de sus fuerzas armadas regulares. Este monopolio es a cambio de la nominación del alto mando por parte de los poderes políticos –ejecutivo y legislativo- que representan a una ciudadanía y que son periódicamente renovados electoralmente. A ello se agrega la subordinación del poder militar al poder político. Ese es uno de los componentes clave de una democracia.
Es el poder político el que debe decidir quiénes han de conformar el alto mando, el que debe subordinar sus actuaciones a las decisiones de un mundo político que se asume representativo de la ciudadanía. Cuando los políticos hacen como que mandan y los militares como que obedecen, la democracia no pasa de ser una caricatura.
Los más diversos fraudes que se han venido destapando en las distintas ramas de las fuerzas armadas y de orden, muestran a las claras el alto costo de una autonomía mal entendida, así como una suerte de colusión entre quienes han tenido el poder político y los altos mandos de las FFAA y de Carabineros.
Es demasiado notorio que los políticos no han querido pisar callos, que han sido condescendientes en aras de la armonía cívico-militar, que les ha penado la dictadura, que no obstante que han transcurrido ya casi 30 años desde su término, han seguido siendo timoratos en su relación con las fuerzas armadas, olvidando que ellas deben estar supeditadas al poder civil. Esta condescendencia le está costando cara al país tanto en términos financieros como ético-morales.
En carabineros, las investigaciones en curso señalan que el fraude, en el que están involucrados no pocos generales, bordea los 30 mil millones de pesos; en el Ejército, uno de sus excomandantes, el general(R) Juan Miguel Fuente-Alba, ha sido prontuariado por malversación de recursos públicos por montos sobre los 3 mil millones de pesos. Financiar una flota de vehículos de lujo y viajes de placer entre otros ítems con cargo a gastos públicos reservados supuestamente destinados a inteligencia, contrainteligencia y seguridad no es tan solo un exceso, sino que un insulto para quienes deben ser capaces de vivir con menos de 500 dólares mensuales, para los jubilados que deben sobrevivir en base a un irrisorio valor del pilar solidario, así como para quienes deben endeudarse para financiar su educación.
Desafortunadamente no se trata de casos aislados, y por lo mismo es reveladora de una crisis ético-moral que no se limita al mundo de las fuerzas armadas. Se está haciendo referencia a personajes que forman parte de una élite, de un grupo de poder en quienes se delegan poderes, recursos, autonomías y confianzas. Poderes y recursos que se ocupan con fines distintos a aquellos para los cuales se han otorgado; autonomías y confianzas que se han visto defraudadas con estrépito.
A casi tres décadas del retorno de la democracia, es hora de perder el miedo, poner las cosas en su lugar, que el mundo político deje de estar subordinado al mundo militar y que éste se subordine totalmente al poder político. De lo contrario seguiremos bajo una democracia trucha y los escándalos que periódicamente nos salpican reaparezcan una y otra vez, ahondando el desprestigio y la desconfianza en las más diversas instituciones nacionales.
El país, su población, no se merece lo que está viviendo y viendo, sino que todo lo contrario, que sus más altas autoridades públicas, tanto religiosas, políticas, académicas, empresariales, deportivas, como militares, sean intachables.
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