El proceso constituyente

Con ocasión de la cena anual que celebra la SOFOFA, organización gremial empresarial, uno de sus miembros, Gonzalo Bofill, presidente de Carozzi, señaló que estaba desilusionado porque ve que el gobierno está empecinado en un proceso que culmine en una nueva Constitución. Proceso que le interesaría a tan solo un 3% de los chilenos ideologizados que quieren imponer sus posturas, en circunstancias que habría cosas más relevantes de las que preocuparse. Sus palabras parecen expresar muy bien el pensamiento de una oposición que se parapeta tras una Constitución, que estima ha sido fundamental para el desarrollo de este país en estos últimos 30 años. Agrega, sin arrugarse siquiera, que el 76% de los chilenos se siente feliz. Entonces ¿para qué cambiarla?

En estas líneas me centraré en las razones que a mi juicio ameritan un proceso constituyente, un proceso deliberativo, participativo que puede culminar, o no, en una nueva Constitución.

No me pronunciaré sobre las bondades ni maldades de la Constitución del 80, sobre la cual podemos tener concordancias y discrepancias, sino sobre su génesis. La Constitución del 80 surgió entre cuatro paredes, por orden de una Junta Militar, como resultado de una comisión presidida por Enrique Ortúzar, con la actuación estelar, en las sombras, de Jaime Guzmán. El resultado es la Constitución que tenemos, una Constitución que nos fue impuesta a punta de bayonetas, en un contexto de guerra fría. Buena o mala, fue impuesta, aprovechando la ausencia absoluta de deliberación y participación, salvo la que pudiere haber existido entre quienes respaldaron la dictadura, algunos con los ojos bien abiertos, en tanto que otros, los cómplices pasivos, cerrando los ojos.

A lo largo de estas décadas esta Constitución, la que tenemos, ha experimentado cambios, algunos de ellos sustantivos, sin embargo conserva su esencia, su impronta original. Los cambios que la han afectado son los que la derecha ha admitido, aceptado, por lo general, cuando ya no le eran propicias, como es el caso de los senadores vitalicios. Bien sabemos que la derecha, no obstante ser minoría, ha conservado, contra viento y marea, su capacidad de veto dada por la Constitución del 80 a través de los quórums calificados.

La derecha sabe que la actual Constitución ha sido impuesta mediante un plebiscito sin registros electorales, en tiempos oscuros. A más de 25 años de la derrota de la dictadura es hora de tener derecho a elaborar una nueva Constitución. ¿O solo la derecha puede hacerlo?

Lo que aspiramos es tener la posibilidad de tener otra Constitución. Lo que necesitamos con urgencia es dirimir de una vez por todas lo que queremos, y por lo mismo creo que tenemos derecho a poner sobre la mesa la Constitución que queremos. Si a unos les gusta esta, y a otros les gusta otra, lo que corresponde es que decidamos en un proceso electoral, cuál Constitución queremos. ¿Es mucho pedir?

No queremos imponer Constitución alguna, como sí lo hicieron ellos. Solo queremos tener la opción de tener una Constitución que sea fruto de un proceso constituyente deliberativo, participativo, donde los desacuerdos se diriman electoralmente, como corresponde a una verdadera democracia.