Rodolfo Fco. José Schmal Simon

Educación pública, gratuita y de calidad

El movimiento que estamos observando a nivel nacional, tanto de parte de estudiantes como de profesores, demanda una educación pública, gratuita y de calidad. Con esta bandera, pone en jaque ideas, conceptos que se han estado instalando en nuestra sociedad a lo largo de los últimos 40 años.

Se demanda una educación pública en un contexto de endiosamiento del mercado, de privatización, de prédica antiestatal, de reducción del gasto público en educación, de una concepción de la educación como una mercancía más. Vuelve por sus fueros la demanda por una visión de la educación como un derecho, como un bien o servicio esencialmente público antes que privado. Si bien, la educación beneficia a la persona que la recibe, posee un fuerte componente público por las externalidades positivas que genera, esto es, porque la sociedad, las personas que rodean a quienes se educan también se ven beneficiadas, contagiadas.

Hasta los primeros años de la década de los 70 la educación en Chile era financiada casi en su totalidad por el Estado con un gasto público del orden del 7% del PIB. Los ejes fundantes de esta concepción eran el derecho a la educación y la gratuidad de los estudios. Se valoraba el beneficio social que generaba la educación antes que el privado. Con la dictadura, desde los años 80, la educación y muy en particular la educación superior, es concebida más como un bien privado que como un bien público en razón de los potenciales mayores ingresos privados que recibirían sus beneficiarios. Por ello, de una matrícula gratuita se pasa a una matrícula pagada. En la actualidad Chile se encuentra dentro de los países que más gastan en educación superior el relación al PIB, pero al mismo tiempo, con menor gasto público. Esto significa que el gran peso del gasto está siendo cargado a las familias. Con Corea somos el país con mayor incidencia del gasto privado dentro del gasto total.

Se demanda una educación estatal gratuita en todos los niveles, incluyendo la educación superior, cuyo financiamiento debe provenir de impuestos específicos a las empresas y a los profesionales. A los primeros por la mayor productividad que le reporta disponer de trabajadores con formación superior y con mayor poder adquisitivo; a los segundos, por los ingresos adicionales que le reporta la formación profesional.

Se demanda una educación de calidad, la que ha estado ausente a pesar que en su momento, como en los clásicos regímenes totalitarios, se pregonaba a los cuatro vientos que con el paso del tiempo, la competencia traería como consecuencia la calidad. A 30 años de la revolución educacional que significó la mercantilización de la educación, no podemos afirmar que sea la calidad de la educación la que nos distinga en el concierto de las naciones.

En síntesis se puede afirmar que en lo grueso la realidad educacional actual en Chile está marcada por la impronta dada por el régimen militar sin cambios de fondo. Si bien se han producido cambios en las últimas décadas, han sido simples retoques, los admitidos por los dueños del país, puesto que no han alterado las bases del esquema de educación vigente.

La viabilidad de una educación pública, gratuita y de calidad está dada por su factibilidad económico-financiera y política. Respecto de la primera, como ya se ha dicho, el gasto público en educación superior chilena está muy por debajo de la mayoría de los países del mundo, y en particular, de los países más desarrollados que Chile pretende alcanzar. Por otra parte, es necesario revisar la composición del gasto público de manera que sea consistente con la prioridad que en el papel que en el país se le asigna a la educación en general, y a la educación superior en particular. No se entiende que un 10% de los ingresos de CODELCO se destinen a las FFAA y nada a la educación. Esta realidad supone que la seguridad nacional está monopolizada por la defensa nacional y que la educación no es concebida como un asunto de seguridad nacional. Un país con una población educada es un país más seguro que un país armado hasta los dientes. Y esto último está vinculado a la factibilidad política de efectuar un cambio de esta naturaleza en las prioridades de distribución del gasto público, lo que dependerá de la correlación de fuerzas políticas existentes en el país.

Lo que es claro, es que bajo el paradigma vigente, la universidad estatal chilena está condenada a morir, al igual que la educación pública básica y media.

La demanda que está tras las movilizaciones, es de carácter radical, y supone que el racional dominante debe ser la solidaridad, la colaboración, la construcción de una sociedad civil empoderada donde el sistema educacional es guiado por ella en su conjunto, y no por grupos económicos, políticos o académicos con fines particulares. Mientras este racional no se de, será impensable su implementación. Por ello la demanda debe entenderse como un punto de inflexión que altere sustantivamente la tendencia a la fecha.