Cuando lo claro es oscuro
En la semana fue acogido un recurso de protección presentado por un conjunto de vecinos de la ciudad por la construcción de una torre para instalar una antena. Su consecuencia es que las obras deberán paralizarse hasta que el recurso sea fallado. Este recurso complementa otras acciones emprendidas, tales como un reclamo ante el Ministro de Telecomunicaciones y ante la Dirección de Obras del Municipio de Talca.
En el mundo actual, de fuerte concentración económica, que se expresa en mercados crecientemente monopolizados por grandes empresas, si al frente no se posiciona un poder ciudadano y una autoridad política empoderada, estas empresas harán lo que quieran con nosotros, y lo que es peor, insertarán cuñas en las relaciones vecinales. De hecho es lo que está ocurriendo en el sector de telecomunicaciones donde lo claro es oscuro.
Una vez que vecinos se percataron de la existencia de obras no menores en una parcela particular, y que ella estaba relacionada con un contrato entre particulares, pero con serias consecuencias sobre terceros, intentaron indagar acerca de la existencia de avisos o permisos. Ni en la Subtel, ni en el municipio tenían idea ni habían recibido solicitud alguna. Subtel quedó en enviar un fiscalizador, pero éste debía venir desde Santiago y no venía. Mientras tanto, las obras continuaban. Ante ello se hizo la denuncia ante el Municipio, la que no fue tratada sino en el Concejo Municipal con la presencia de los vecinos afectados. Se aprobó enviar al día siguiente a los inspectores correspondientes. Un poblador que estaba en el Concejo advirtió que si no se iba a buscar a los inspectores éstos no irían, ya sea porque la camioneta estaba en reparaciones, ya sea porque no había dinero para bencina. Quedaron en buscar y llevar al inspector. Llegando al lugar de los hechos, el inspector pudo constatar que la empresa contratista no tenía permiso alguno. Todo a la mala. En el momento se notificó la paralización. Bastó esta notificación y el regreso de los inspectores al municipio para que las obras en vez de paralizarse, se aceleraran. Al día siguiente, la torre estaba terminada y la antena instalada a vista y paciencia de la vecindad. Una verdadera tomada de pelo a los vecinos y a las autoridades por parte de la empresa.
Esta vecindad pudo comprobar en carne propia la precariedad de una institucionalidad incapaz de hacer frente a estas situaciones cada vez más frecuentes porque el proyecto de ley que duerme en el parlamento consigna la necesidad de contar con el consentimiento de los vecinos dados los riesgos que sobre ellos recae la instalación de una antena.
En la semana fue acogido un recurso de protección presentado por un conjunto de vecinos de la ciudad por la construcción de una torre para instalar una antena. Su consecuencia es que las obras deberán paralizarse hasta que el recurso sea fallado. Este recurso complementa otras acciones emprendidas, tales como un reclamo ante el Ministro de Telecomunicaciones y ante la Dirección de Obras del Municipio de Talca.
En el mundo actual, de fuerte concentración económica, que se expresa en mercados crecientemente monopolizados por grandes empresas, si al frente no se posiciona un poder ciudadano y una autoridad política empoderada, estas empresas harán lo que quieran con nosotros, y lo que es peor, insertarán cuñas en las relaciones vecinales. De hecho es lo que está ocurriendo en el sector de telecomunicaciones donde lo claro es oscuro.
Una vez que vecinos se percataron de la existencia de obras no menores en una parcela particular, y que ella estaba relacionada con un contrato entre particulares, pero con serias consecuencias sobre terceros, intentaron indagar acerca de la existencia de avisos o permisos. Ni en la Subtel, ni en el municipio tenían idea ni habían recibido solicitud alguna. Subtel quedó en enviar un fiscalizador, pero éste debía venir desde Santiago y no venía. Mientras tanto, las obras continuaban. Ante ello se hizo la denuncia ante el Municipio, la que no fue tratada sino en el Concejo Municipal con la presencia de los vecinos afectados. Se aprobó enviar al día siguiente a los inspectores correspondientes. Un poblador que estaba en el Concejo advirtió que si no se iba a buscar a los inspectores éstos no irían, ya sea porque la camioneta estaba en reparaciones, ya sea porque no había dinero para bencina. Quedaron en buscar y llevar al inspector. Llegando al lugar de los hechos, el inspector pudo constatar que la empresa contratista no tenía permiso alguno. Todo a la mala. En el momento se notificó la paralización. Bastó esta notificación y el regreso de los inspectores al municipio para que las obras en vez de paralizarse, se aceleraran. Al día siguiente, la torre estaba terminada y la antena instalada a vista y paciencia de la vecindad. Una verdadera tomada de pelo a los vecinos y a las autoridades por parte de la empresa.
Esta vecindad pudo comprobar en carne propia la precariedad de una institucionalidad incapaz de hacer frente a estas situaciones cada vez más frecuentes porque el proyecto de ley que duerme en el parlamento consigna la necesidad de contar con el consentimiento de los vecinos dados los riesgos que sobre ellos recae la instalación de una antena.
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