Rodolfo Fco. José Schmal Simon

Los primeros de la lista

Recientemente se hizo pública la nómina de los prófugos más buscados del país, la que está encabezada por Raúl Iturriaga, general en retiro del Ejército, alias Yiyo, y seguida por el pedófilo Rafael Maureira, alias Zakarach. Nómina emitida por la Policía de Investigaciones.

Si bien los senderos de ambos difieren significativamente, ambos tienen un común denominador: eludir la acción de la justicia, el ordenamiento jurídico que se ha dado el Estado invocando razones que en todas las instancias judiciales han sido rechazadas.

En el caso particular del General® Iturriaga, de triste recuerdo en el norte del país en sus tiempos de gobernador, se negó a cumplir una condena por el secuestro de Luis San Martín en el año 1974 y desaparecido desde entonces.

En esferas de los Generales de Ejército en Retiro se respalda su rebeldía sosteniendo que es consecuencia de una condena basada en presunciones, por la ficción jurídica del secuestro permanente, y por no aplicársele la prescripción como sí se ha hecho en otros casos. Incluso llegan a afirmar que “pensamos como él”. En estricto rigor no debiera extrañar esta reacción de parte de un círculo en el que parte importante de sus integrantes se encuentran involucrados en procesos vinculados a atropellos a los derechos humanos.

Es interesante analizar la lógica que está tras este pensamiento y que se extiende a parte importante de la sociedad chilena. En primer lugar, acá no hay presunciones, hay hechos, pruebas que se encuentran en el proceso que incriminan al General® Iturriaga por su participación en el secuestro. Lo que no se ha comprobado es su participación en otros secuestros o delitos, pero en el caso particular de Luis San Martin las pruebas son demoledoras. Así lo determinó la Justicia y a eso hay que atenerse.

En segundo lugar, sin ser abogado ni pretender serlo, sino como simple ciudadano de a pie, no existe el concepto de secuestro permanente. Lo que existe es un secuestro, y lo natural es que mientras no aparezca su cuerpo, se presume que está vigente. Lo más probable es que el secuestrado, después de tantos años –más de 30-, se encuentre muerto, y que lo hayan secuestrado para matarlo. Si un condenado por este hecho quiere liberarse de la condena le basta decir qué hizo con él, dónde lo dejó, dónde está su cuerpo. Pero que no se saque el pillo con una prescripción por hechos que si bien se iniciaron hace muchos años, se perpetúan en tanto no aparezcan los cuerpos.

Por último, no debemos olvidar que quienes por estos días encabezan el ranking de prófugos abusaron del estado de indefensión de las víctimas y en el caso del Yiyo con el agravante de hacerlo en representación del Estado que se supone está para defendernos.