Inconciencia ambiental

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El país está siendo testigo de la frecuencia con que se suceden “accidentes”, “decisiones”, “hechos” relacionados con la contaminación que terminan con graves consecuencias para quienes están involucrados y/o para terceros en términos laborales y/o de salud. Como botón de muestra tenemos los casos de poblaciones asentadas en sectores urbanos en Arica y de los pescadores artesanales afectados por la a mortandad de peces en el río Mataquito. 

En Arica han sido afectados gravemente en su salud pobladores residentes en zonas contaminadas con acopios de desechos tóxicos por parte de una empresa (PROMEL) que ya no existe legalmente. En su oportunidad (1984) en el sitio F del Barrio Industrial se asumía que almacenaba residuos mineros que contenían oro y plata. En estricto rigor, lo que se estaba almacenando eran residuos mineros con altos índices de arsénico, cadmio, plomo, mercurio, cobre y zinc. A su alrededor ya se estaban construyendo poblaciones cuyos vecinos empezaron a verse afectados en su salud. No es el único caso en Arica. 

En la región del Maule son los pescadores artesanales los afectados por el vertido de químicos contaminantes al río Mataquito, al igual que en la bahía de San Vicente de Talcahuano donde se produjo una filtración de petróleo desde una planta de ENAP. Lo anterior, a pesar de que en la Constitución Política del Estado se encuentra explicitado nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. A la luz de lo descrito, es letra muerta. 

Desgraciadamente los casos mencionados no son sino dos de entre muchos y que dan cuenta de una realidad: en el país no existe conciencia ambiental tanto a nivel de la población como del empresariado y del mundo político. El resultado no es otro que la periódica sucesión de desastres. La contaminación es consecuencia de las actividades que desarrollamos sin que internalicemos –en términos privados- la totalidad de sus costos. En términos económicos, es porque el agente contaminante no paga su costo, o lo que paga no es suficiente para disuadirlo, o los beneficios que le reporta contaminar son mayores. 

De allí que muchos proponen aplicar la política de “pagar por contaminar” para promover la introducción de tecnologías conducentes a una producción limpia, no contaminante. Fácil de afirmar, pero difícil de aplicar porque no siempre es posible identificar y/o comprobar las fuentes de contaminación. De allí la importancia de una ciudadanía activa, vigilante, incorruptible, consciente de la necesidad de preservar un ambiente libre de contaminación. Nuestro hipotético desarrollo, no es sostenible en tanto tengamos un Estado como el que tenemos, empresarios con empresas contaminantes que se dicen modernas, que transan sus acciones en la bolsa, que exportan, que presumen de ser responsables socialmente, y que registran utilidades significativas. 

A la hora de la verdad, quienes toman decisiones lo hacen pensando en maximizar rentabilidades y/o minimizar costos, relegando a un segundo plano los procesos de descontaminación conducentes a la producción limpia por afectar rentabilidades e incrementar costos. En este plano, tanto al Estado como a los ciudadanos, nos corresponde asumir un protagonismo esencial para protegernos a nosotros mismos, así como a las generaciones futuras.