Desde la derecha se empecinan en llenar de alabanzas al sistema de pensiones chileno sosteniendo que estaríamos a la vanguardia a nivel mundial y que no pocos países quisieran tener un sistema como el nuestro.
Suelen partir con frases de buena crianza, tales como “recibir una pensión digna es una necesidad de vital importancia”, pero a poco andar efectúan afirmaciones que procuran desmentir lo que se sabe. Por ejemplo, afirman que “cualquier sistema obligatorio es un sistema público” y que en el caso del sistema chileno se le denomina equivocadamente como privado.
No nos emborrachemos: no por ser obligatorio el sistema de pensiones chileno es público. Es privado por donde se le mire. La recaudación, la gestión, la inversión de las cotizaciones, y su distribución, es privada en un cien por ciento, y la efectúan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que son cien por ciento privadas. Que las cotizaciones sean obligatorias y las reglas bajo las cuales operan sean fijadas por leyes y regulaciones no convierte en modo alguno al sistema de pensiones en un sistema público.
Importa recordar que las AFP fueron creadas en tiempos del innombrable en 1980, siendo el padre de esta criatura José Piñera, hermano del actual presidente, entonces ministro del trabajo. Si bien en estos casi 40 años de andadura ha sufrido modificaciones, su impronta original, sigue vigente contra viento y marea, a pesar de los esfuerzos de no pocos por cambiar sustantivamente su filosofía central: que cada uno se rasgue con sus propias uñas, esto es, la capitalización individual.
Los defensores del sistema no pueden evitar reconocer que se trata de un tema de interés público, donde por lo mismo, la política importa e influye, tanto por la cantidad de dinero involucrada y como por el alto número de personas afectadas, por lo general electores. Lo que no veo que reconozca la derecha es el desmedido apetito, la codicia que despiertan en las AFP, en sus dueños, las utilidades que les reportan las comisiones que cobran por la administración de las cotizaciones de los trabajadores, las que no se condicen con las rentabilidades de los fondos. Por lo demás, no es posible desconocer los intereses cruzados que existen entre personeros de derecha, los directores, ejecutivos y dueños de las AFP, los que se extienden a las empresas en las que se invierten los fondos, que no son sino los recursos de los trabajadores. No será difícil adivinar que en una sociedad tan desigual como la chilena, donde los superricos se cuentan con los dedos de la mano, que al final del día los apellidos tienden a repetirse. Para darle un toque ocasionalmente escogen a uno que otro despistado del otro lado, que no era de la derecha, pero que termina comprándose el cuento completo.
La derecha procura llevar agua a su molino afirmando que las bajas pensiones se explican fundamentalmente por la inestabilidad e informalidad de más del 20% de los trabajadores, lo que genera que existan muchos meses en que no se cotiza. A ello habría que agregar, que las remuneraciones son bajas y que las expectativas de vida han aumentado. Por tanto, podemos concordar en que mientras todo esto ocurra, inevitablemente las pensiones seguirán siendo bajas. En consecuencia, bajo el paradigma actual, con cualquier sistema, público, privado o semipúblico, de capitalización individual o de reparto, el monto de las pensiones que se reciba al término de una vida de trabajo, no variará sustantivamente.
La derecha, el centro y la izquierda, deben y pueden concordar en la necesidad de innovar por la vía de romper la actual relación entre las remuneraciones recibidas a lo largo de la vida laboral con la pensión a recibir. El monto de las pensiones deberá independizarse de los ingresos recibidos durante los años de trabajo y ser el mismo para quienes jubilen a una misma edad. El origen de este monto deberá ser estatal y puede ser por la vía de un mismo aporte estatal al momento de nacer o por un monto mensual desde el nacimiento. Al cumplirse la edad de pensionarse, todos recibirían un mismo monto, el cual cada uno puede complementar con los ahorros o cotizaciones voluntarias que pueda haber hecho. Si alguien puede y desea seguir trabajando, podría hacerlo posponiendo su jubilación para recibir un monto mayor.
El financiamiento de este esquema lo más razonable debiera ser en base a un impuesto a las empresas más automatizadas, robotizadas, tecnologizadas, que son las que han estado reduciendo la demanda de trabajo, precarizando e informalizando el mercado laboral sin pagar costo alguno. Si no fuese posible implementar un impuesto de esta naturaleza, tendría que pensarse en un porcentaje sobre las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito o débito bancarias.
No me fío del sistema de reparto convencional, que a veces parece extrañar a no pocos. Mis aprensiones van por el lado de “las diabluras” que históricamente se han dado, como fueron lo fueron los arreglines que se hacían en los últimos años con las rentas porque se jubilaba con el promedio de las últimas rentas, así como con las entonces famosas “perseguidoras”.
Se me queda en el tintero el tema de la administración de los fondos de origen estatal. El que dejaré para más adelante.
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