El cierre de un penal

La decisión de cerrar el penal Cordillera por parte del presidente Piñera, sacó roncha, particularmente entre sus adherentes, quienes fueron los primeros sorprendidos. No es primera vez que Piñera sale con su domingo 7, puesto que con motivo de los 40 años del golpe, golpeó la cátedra al expresar que bajo la dictadura debía reconocerse que habían coexistido cómplices activos con cómplices pasivos. Nadie sabe cuál será su próxima movida.

Muchos afirman que se trata de una decisión adoptada con la mirada puesta en las elecciones presidenciales del 2017 para dar origen a una nueva derecha, que apunte a desmarcarse de la dictadura. No es tarea fácil, pero al país le haría bien el surgimiento de una derecha que reniegue de la dictadura, así como al país le ha hecho bien una izquierda que reniegue de dictaduras y que valore la democracia que en su momento no valorizó apropiadamente.

Con todo, cualquiera sea el interés que movió a Piñera, su decisión va en la dirección correcta, y el motivo aducido no admite discusión: la igualdad ante la ley. La crítica que se le hace respecto de la oportunidad, habría que hacérsela al Mamo, porque fue quien se la dio en bandeja al ser entrevistado por diversos medios de comunicación. La soberbia del Mamo, sus declaraciones, su trato al personal que tiene la responsabilidad de custodiarlo, delataron privilegios que no pudieron menos que sorprender al país. Mal que mal, el Mamo está condenado, y no por tribunales populares, sino que por los tribunales de justicia, siguiendo todos los procedimientos que le franquea la ley. Y condenado por delitos no menores: violaciones a los DDHH.

Hoy cuesta entender cómo fue posible que se construyeran cárceles especiales para violadores de los DDHH. Lo que hoy vemos parece un teatro del absurdo, puesto que el penal de Cordillera fue construido en tiempos de los gobiernos de la Concertación, y es cerrado por un gobierno de la derecha. Para explicar esto que parece inexplicable habría que irse a un contexto dado por tiempos donde no era tan simple encarcelar a quien fuera el mandamás de los organismos responsables de la represión, del exterminio de los dirigentes opositores de entonces. Ningún otro país lo ha hecho.

Si bien, el contexto puede servir para explicar muchas cosas, en ningún caso sirve para justificar la construcción de penales cuyos reclusos cuentan con privilegios que se quisieran tener muchos quienes no estamos recluidos. Que las condiciones de reclusión de un violador de DDHH, que abusó del poder coercitivo del Estado, que abusó del monopolio de las armas que el país le confió por ser un soldado de la patria, sean sustancialmente mejores que las de aquel que está condenado por robar gallinas, por girar un cheque sin fondos, o por cometer cualquier otro delito, es lo que la decisión de Piñera desnudó.

Lo ocurrido habla bien del país, habla de avances importantes, habla de que hoy no se admiten privilegios que antes sí se admitían. Al César, lo que es del César.