Negocios redondos
El progreso –o el atraso, según como se mire- está generando un creciente y soterrado malestar en la población. Desafortunadamente tendemos a reaccionar cuando el o los problemas se nos vienen encima. Es el caso de las antenas repetidoras de señal para la telefonía celular: hacemos la vista gorda hasta que las tenemos a la vista, cuando nos instalan una al lado nuestro. Lo mismo ocurre con las cárceles, los vertederos, las centrales termoeléctricas o cualquier otra empresa contaminante, generadora de externalidades negativas.
El caso de las antenas es grotesco, porque las empresas de telefonía celular pagan generosamente a particulares para que autoricen instalar sus antenas. Es un negocio entre dos, mientras terceros, la vecindad, paga los platos rotos. Tenemos ejemplos por doquier, desde Arica a Punta Arenas. La mayoría observa resignada, unos pocos la pelean, ya sea presentando recursos de protección, apelando a las autoridades, o protestando pacíficamente. Las únicas acciones que han tenido éxito son allí donde los afectados se han expresado mediante ruidosas manifestaciones de protesta siguiendo la máxima de molestar, molestar y molestar. Los recursos de protección presentados ante las Cortes de Apelaciones y resueltos hasta la fecha han sido a favor de las poderosas empresas de telecomunicaciones gracias a una legislación sumamente laxa y a autoridades municipales y de la subsecretaría de telecomunicaciones que no hacen uso de las escasas atribuciones que tienen. Pero mas temprano que tarde, se deberá fallar a favor de la población. En los países más desarrollados ya ocurre.
Existen lugares en los que disfrazan antenas de 24 metros de altura en estilizadas e inocentes palmeras, como si de pasar gatos por liebres se tratara. Por estos días, un barrio completo, con sus autoridades municipales protestan todos los sábados exigiendo la demolición de una antena localizada en un sector residencial y que tiene en la vecindad un jardín infantil. La empresa involucrada no reacciona: a lo más preguntó irónicamente a los pobladores de qué color querían la palmera.
El dueño de la propiedad que autorizó la instalación de la antena no es ningún muerto de hambre: es el padre de un exministro de hacienda y excandidato a la presidencia de la república a quien la prensa de la época gustaba en llamar el príncipe valiente. Otros dos hijos de este ejemplar padre son altos ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones que instaló la antena en su propiedad. Si en esto hubiese estado involucrada una empresa del Estado su nombre sería corrupción, pero como esto es entre privados, lo más probable que lo llamemos negocio redondo y que pase piola.
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