Rodolfo Fco. José Schmal Simon

Hacia dónde nos conduce el lucro en la educación (*)

Hasta 1980, en los establecimientos particulares pagados, con fines de lucro, se encontraba matriculado menos del 10% de la población escolar. Más del 90% restante están en los establecimientos restantes, públicos o privados con financiamiento público, pero sin fines de lucro, y que por lo general ligados a grupos religiosos o filosóficos. Bajo este contexto, el país logró bajar la tasa de analfabetismo y alcanzar un alto nivel de cobertura en la educación básica.

A comienzos de los años ochenta, la dictadura introduce una reforma radical. Ella se caracteriza por la descentralización de la administración de los establecimientos educacionales públicos, por la vía de su transferencia a las municipalidades y la incorporacion del sector privado con financiamiento público y con fines de lucro, a través de una subvención por alumno. Dicha subvención, de igual valor para los establecimientos municipalizados y privados subvencionados, tuvo como propósito satisfacer sus necesidades operacionales.

Ese esquema operó con alcaldes nominados centralmente -en aquellos tiempos-, y éstos, a su vez nominaban a los directores de las escuelas y liceos bajo su responsabilidad. En la práctica, la decisión estuvo impulsada por la aspiración de destruir la capacidad de negociación del profesorado, aplicando la clásica doctrina de “dividir para reinar”.

Esa decisión fue acompañada de incentivos estatales, a fin de proveer servicios educativos con financiamiento público sin mayores restricciones. Este esquema de financiamiento introdujo la competitividad en la educación, al basarse en una subvención por alumno que asiste a clases. Mientras, el MINEDUC conservaba para sí el control sobre los aspectos curriculares y de evaluación. Se genera así la actualmente llamada doble dependencia de la educación: la administrativa de los municipios o particulares; y, la pedagógica y financiera del MINEDUC.

La competitividad basada en un subsidio público a la demanda, no hizo más que facilitar la estratificación donde los niños se matriculan en escuelas con alumnos similares. Educar a los pobres con los pobres y a los ricos con los ricos, no hizo más que reproducir e incluso multiplicar las desigualdades existentes en la sociedad. En términos de logros o resultados, no existen evidencias de que el sistema haya logrado algún incremento en la materia. La transferencia de matrículas desde las escuelas municipales a escuelas particulares subvencionadas —donde se controlan las características socioeconómicas de los alumnos—, no muestra mejoras significativas en sus resultados. Por tanto, la introducción del subsidio por alumno, no tuvo como consecuencia un aumento en la calidad como lo estipula el dogma neoliberal.

Por otra parte, es importante consignar que esta “competencia” se da en un contexto bastante irregular. Por decir lo menos. Porque los “sostenedores” —municipios y particulares— operan bajo reglas diferenciadas: unos pueden seleccionar y otros no. Lo que agudiza la estratificación, al poder unas escuelas seleccionar y otras no.

Este traspaso de establecimientos educacionales desde el MINEDUC hacia los municipios, se realizó sin que fuera acompañado del traspaso de responsabilidades, atribuciones, competencias y recursos que tamaño cambio involucraba. Fue implementada a espaldas de los profesores, apoderados y alumnos. Aún más, se dio una fuerte disminución en el monto de la subvención como consecuencia de la crisis financiera a comienzos de los 80, al tiempo que un aumento en el tamaño de los cursos (número de alumnos por profesor). Todo ello, enmarcado en una drástica reducción del presupuesto público educacional.


Esa forma de “traspasar” la educación a los municipios, explica que hasta el día de hoy, aquellos sigan sin considerar a la educación como una responsabilidad que les es propia. Por el contrario, es considerada una actividad que les es ajena: como un “cacho”. Lo expuesto revela un proceso por el cual el Estado abdicó de su responsabilidad directa en materia educativa. Asumiendo una indirecta a través de su rol subsidiario. La responsabilidad directa fue delegada en municipios sin competencias, recursos ni atribuciones en materia educativa; y, en privados que definían la educación dentro de una lógica competitiva y lucrativa.



Como resultado de la reforma de la dictadura, a nivel mundial, Chile se convierte en uno de los países con menor gasto público y mayor gasto privado en educación en relación a su PIB: menos del 4% y más del 3% respectivamente (WEI 2003). En términos de resultados, la realidad es inversa: Chile tiene peores resultados que muchos otros países con mayor gasto público y menor gasto privado. Incluso, EE.UU. tiene mayor gasto público (4.8%) y menor gasto privado (2.2%).

Gasto en educación como porcentaje del PIB según fuente
Fuente: WEI, 2003

Por todo lo señalado, me atrevo a hablar del gran fracaso de la privatización de la educación chilena. Situación que el proyecto de educación presentado por el gobierno —y que deberá ser complementado con otros— procura revertir abriendo el debate en torno a lo realizado hasta la fecha.

En 1990, un día antes de la entrega del gobierno por parte de Pinochet, es promulgada la ley orgánica constitucional de educación (LOCE) que nos rige hasta la fecha. En ella se consagra lo antes descrito y se “amarra” políticamente por la vía del sistema binominal. De hecho, esta ley no podrá ser modificada sin el concurso de la derecha.

¿Y ésta qué afirma? Que el fracaso de la educación en Chile se explica porque la privatización llevada a cabo, se ha visto truncada con la llegada de la Concertación, que falta profundizarla, que persiste una excesiva intervención estatal o que el subsidio a la demanda no ha logrado operar eficazmente porque los padres y apoderados no reciben directamente los subsidios para con ellos en mano “elegir” los establecimientos educacionales. Ahora último, han asomado voces que reconocen que el subsidio es muy bajo (del orden de los US$ 55). Y no sólo eso, además se han percatado que educar a un pobre no cuesta lo mismo que educar a un rico; y, por tanto, se han abierto a la subvención diferenciada. Reafirman sus argumentos sobre la base que los apoderados intentan sacar a sus hijos de las escuelas municipales, para ponerlos en escuelas particulares subvencionadas (con fines de lucro) mejor administradas. Cómo no van a ser mejor administradas, si en ellas sus directores pueden hacer y deshacer, contratar y despedir profesores en base a la demanda, pagar lo que se les antoja, y más encima seleccionar y expulsar a alumnos sin restricciones. En cambio, en las escuelas municipales no tienen esas atribuciones. Sus directores, hasta poco eran los nominados en tiempos de Pinochet, para evitar su “politización”. Sólo una vez que estos directores ¡¡se fueron muriendo!!, se allanaron a concursar tales cargos.

No conozco ningún país en el que a nivel nacional, se haya privatizado un sistema educacional a sangre y fuego como el nuestro. Antes de Pinochet, el gasto público en educación estaba sobre el 7% del PIB. Al término de su gobierno estaba por debajo del 4%. Era más importante la seguridad nacional que la educación...

Y sus seguidores y ex funcionarios, hoy rasgan vestiduras, porque en el proyecto gubernamental se excluye la posibilidad que los establecimientos educacionales privados con fines de lucro reciban financiamiento público. Y ponen el grito en el cielo preguntando inocentemente: ¿qué tiene de malo el lucro?

Según la Real Academia Española, “lucro” es toda ganancia o provecho que se saca de algo, a diferencia del excedente obtenido cuando los ingresos “exceden” los costos. El lucro está asociado a la ganancia resultante de los negocios o inversiones que se realicen. Una familia o una persona no lucra si le sobra dinero a fines de mes; de igual modo no lucra un servicio público si a fines de año su presupuesto de ingresos supera al de egresos. Sólo lucran quienes invierten dinero para multiplicarlo.

Es bajo esa concepción que en ninguna parte del mundo —excepto en Chile— se admite el financiamiento público a instituciones educacionales privadas con fines de lucro. Sin embargo, acá en Chile se acepta acríticamente lo anterior, como si se tratara de una “obviedad peregrina”. Y así se nos está formando.

Por otra parte, se nos dice que no debiera importarnos introducir el lucro en la educación, cuando lo importante es la calidad de la educación. Claro que sí, pero hasta la fecha, en ninguna parte del mundo existe evidencia alguna a favor del lucro en la educación y que ella tena alguna relación con la calidad. Lo prueban las políticas educacionales de los países de mayor, igual y menor desarrollo que Chile.

El punto de fondo es otro: qué concepción queremos de la educación. Si la educación es una mercancía o un derecho. Si ponemos por delante la rentabilidad privada o la rentabilidad social de la educación (nótese que estoy siguiendo la lógica mercantil!!!) Si concebimos la educación como un negocio más o como un servicio. Si concebimos la educación como un proceso para tener más o ser más. Una educación centrada en el lucro de privados o en el educando y la sociedad. Una educación centrada en la lógica de la competencia o de la cooperación, en la lógica de la exclusión o la inclusión, que cristalice la aceptación o desarrolle el espíritu crítico, que promueva el mantenimiento del statu quo o el cambio hacia una sociedad más igualitaria. En fin, una educación que apunta a la mera formación de insumos (mano de obra dócil) para el funcionamiento del aparato productivo o forme ciudadanos activos dotados de capacidad de discernimiento y análisis crítico para la construcción de una sociedad de hermanos.

Se necesita una educación en consonancia con la sociedad que queremos construir. Y esto es tema de interés público, no sólo de privados, y, por tanto, materia de políticas públicas. Una educación centrada en el lucro pone su eje en lo económico, supeditando toda otra consideración al lucro puesto que se asume per se que el lucro sigue a la calidad, o viceversa. Pero la evidencia nos indica que no existe relación entre lucro y calidad. Por tanto, no nos vengan a decir que el lucro es el motor que nos conducirá a una educación de calidad y que su supresión en este ámbito nos condene a una educación de mala calidad. La mejor prueba de ello es que, habiendo operado a lo largo de las últimas décadas con instituciones educacionales con fines de lucro y con financiamiento público, hoy tenemos una educación de mala calidad. Eso lo reconocen moros y cristianos.

El problema reside en que lo importante pasa a ser la rentabilidad del negocio, en este caso, de la escuela. Y no tiene nada de pecaminoso en una institución con fines de lucro, no tiene nada de pecaminoso. El tema es que para estos efectos, de ser necesario no se descarte pagar menos a los profesores si ello rentabiliza el servicio educativo; o se procure invertir lo menos en infraestructura y mantenimiento; o se intente “sacarle el jugo” a los profesores; o incorporar el mayor número posible de alumnos en cada sala, como quien mete sardinas en latas. Porque todo ello redundará en mayores ganancias.

Para edulcorar la falaz relación entre lucro y calidad, están las agencias publicitarias que se encargarán de mostrar como oro lo que no es. No hay otro país en el mundo en el que sea tan alto el gasto publicitario en el sector educacional privado como en Chile. Los extranjeros que nos visitan se asombran al ver que la publicidad educativa se asemeja a la de una hamburguesa. Así es como estamos siendo drogados, para no ver el despeñadero al cual vamos en caída libre si no le ponemos atajo. Sí, porque lo único concluyente que muestran las más diversas evidencias internacionales, es que lo que tenemos no es un sistema educacional como tal, sino un conjunto de subsistemas que operan bajo reglas diferentes. Unos operan bajo un estatuto docente para los profesores, otros no; unos pueden seleccionar y expulsar alumnos, otros no; unos pueden cobrar, otros no. En este contexto, ¿son comparables los resultados de los establecimientos que operan bajo un sistema u otro?

En EE.UU. se han atrevido a privatizar la guerra –sistema que imperó en tiempo de la conquista-, donde el gobierno financia con recursos públicos a empresas privadas para que combatan en los más diversos confines del mundo. Se ha vuelto a la guerra como una actividad mercantil más, con ganancias estratosféricas y altos costos en vidas y patrimonios. Pero, aún así, no se han atrevido a privatizar la educación. Los recursos públicos son para establecimientos públicos o privados, ¡pero sin fines de lucro!. No se les ocurre pensar que puedan distorsionar el espíritu de la ley creando inmobiliarias o sobrefacturando prestaciones de servicio de terceros; como se está dando en la educación superior privada chilena. Si en algo somos campeones, es en materia de privatización de la educación. Nadie nos gana. Pero muchos sí nos ganan en materia de resultados. Las pruebas internacionales así lo testifican.

Desempeño de estudiantes e ingreso per cápita

Fuente: Centro de Estudios Públicos

Fuente: www.expansiva.cl

Lo concreto es que la experiencia de los países de la OECD y de aquellos que en que existe financiamiento público a instituciones privadas, estas últimas son sin fines de lucro y no se les permite cobrar a los apoderados. No se acepta el financiamiento compartido que nos rige desde 1993.
Se dice y expande como reguero de pólvora, que los establecimientos privados son más eficientes que los públicos. Tengo mis muy serias dudas. Desafío a las escuelas privadas a que obtengan los resultados que logran las escuelas municipales con US$ 55 mensuales y con alumnos provenientes de ambientes con bajo nivel socialcultural en cuyos hogares no hay libros, ni computadores, ni espacio. Es muy fácil obtener buenos resultados, con niños hijos de padres acomodados que pagan las ganas: hasta sobre US$ 300. No comparemos manzanas con peras.

No obstante lo expuesto, quienes sueñan con una educación pública enteramente privatizada, insisten en los pobres resultados de la educación municipalizada, para justificar la creciente intervención privada.
La clave en esta materia, así como en tantas otras, reside en un sistema público educacional que incluya un esquema de regulación, financiamiento y aseguramiento de calidad consistente con la sociedad que se aspira construir.

A pesar de los sucesivos aumentos en el gasto público en educación, éste sigue estando por debajo del que aspira un país con los niveles de desigualdad que nos caracterizan. Según el Banco Mundial nos encontramos dentro de los países con mayor desigualdad socioeconómica. No tendremos remedio mientras el gasto público en educación bordee el 15% del gasto público total. Los países del sudeste asiático lograron el gran salto al desarrollo doblando el gasto educacional público nuestro, esto es, destinando el 30% del gasto público total a la educación.

Sin embargo, el problema educacional chileno no se reduce a un problema de platas. Doblar o triplicar el gasto educacional es parte de la solución. La calidad de la educación, es mucho más que un tema financiero. Incluye una discusión respecto de si la educación es una actividad económica más, donde al Estado sólo le compete subsidiar sin imponer mayores barreras de entrada a los establecimientos que desean recibir financiamiento público. Incluye necesariamente una discusión en torno a lo que más arriba mencionamos, esto es, con el tipo de sociedad que queremos dibujar y soñar

Referencias
www.expansiva.cl
www.cepchile.cl
www.facso.uchile.cl
www.mineduc.cl
El derecho a la educación en Chile de Jesus Redondo
www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/Educacion/

(*) Se agradece la colaboración prestada por Andres Monares y Jorge Mendez cuyos aportes contribuyeron a enriquecer el documento; no obstante lo señalado, el autor asume la total responsabilidad de su contenido