julio 25, 2008

Las inocentes antenas

No obstante que la semana pasada fuera acogido un recurso de protección contra una empresa de telecomunicaciones por la instalación de una antena para celulares en un lugar de la comuna, y fuese notificada de paralizar las obras, ellas han seguido su curso a vista y paciencia de la vecindad. Esta conducta ha forzado a la presentación de una denuncia por desacato judicial.

Había un ámbito en el que tenía el privilegio de no haber tenido que vivir y que por tanto solo conocía por terceros, a la distancia: el judicial. De solo conocer las historias de juicios interminables me abrumaba y reafirmaba en mi tesis de procurar resolver todo conflicto a como diera lugar antes de llegar al plano judicial a fin de no ahogarme en los códigos, vericuetos y peripecias de un sector que me son absolutamente desconocidos.

A pesar de ello, en conjunto con los vecinos afectados, he debido ir sumergiéndome en este mundo a raíz de los daños y perjuicios que la instalación unilateral de una antena para telefonía móvil está, y seguirá, produciendo.

Los hechos son simples: una empresa de telecomunicaciones establece un contrato de arriendo a 10 años plazo con el dueño de una propiedad, para instalar una torre que arriba tenga una antena para la recepción y envío de señales. Se trata de un jugoso contrato por unas 25 UF mensuales, esto es, del orden de 60 millones de pesos en los 10 años, de los cuales la empresa no tiene problema en adelantar uno, dos o tres años. La tentación es irresistible. De hecho más de un cuartel de bomberos, de un poblador o de un vecino encopetado venido a menos, tiene su antenita que nada tiene de inocente. Sus efectos se suelen agrupar en 4 categorías: daños a la salud, al patrimonio, al medio ambiente y a la convivencia. En esta ocasión resumiré los efectos sobre la salud por la emisión de radiación ionizante.

Existe meridiana claridad que hay ciertas enfermedades que han aumentado significativamente en las últimas décadas. Este incremento es imposible no relacionarlo con el significativo aumento de la radiación en nuestro entorno. Entre estas enfermedades destacan el cáncer testicular, las cefaleas, los déficits mentales en niños, el adelantamiento del mal de Alzeimer en los adultos, los desórdenes del sueño, autismos, esclerosis múltiple, fibromialgia, síndrome de fatiga, cataratas, hipotiroidismo, diabetes, los ataques cardíacos e infartos en jóvenes, déficits de atención, asma.

Con razón hay quienes afirman que con la telefonía celular se está en presencia del experimento biológico más grande de la historia.

julio 18, 2008

Cuando lo claro es oscuro

En la semana fue acogido un recurso de protección presentado por un conjunto de vecinos de la ciudad por la construcción de una torre para instalar una antena. Su consecuencia es que las obras deberán paralizarse hasta que el recurso sea fallado. Este recurso complementa otras acciones emprendidas, tales como un reclamo ante el Ministro de Telecomunicaciones y ante la Dirección de Obras del Municipio de Talca.

En el mundo actual, de fuerte concentración económica, que se expresa en mercados crecientemente monopolizados por grandes empresas, si al frente no se posiciona un poder ciudadano y una autoridad política empoderada, estas empresas harán lo que quieran con nosotros, y lo que es peor, insertarán cuñas en las relaciones vecinales. De hecho es lo que está ocurriendo en el sector de telecomunicaciones donde lo claro es oscuro.

Una vez que vecinos se percataron de la existencia de obras no menores en una parcela particular, y que ella estaba relacionada con un contrato entre particulares, pero con serias consecuencias sobre terceros, intentaron indagar acerca de la existencia de avisos o permisos. Ni en la Subtel, ni en el municipio tenían idea ni habían recibido solicitud alguna. Subtel quedó en enviar un fiscalizador, pero éste debía venir desde Santiago y no venía. Mientras tanto, las obras continuaban. Ante ello se hizo la denuncia ante el Municipio, la que no fue tratada sino en el Concejo Municipal con la presencia de los vecinos afectados. Se aprobó enviar al día siguiente a los inspectores correspondientes. Un poblador que estaba en el Concejo advirtió que si no se iba a buscar a los inspectores éstos no irían, ya sea porque la camioneta estaba en reparaciones, ya sea porque no había dinero para bencina. Quedaron en buscar y llevar al inspector. Llegando al lugar de los hechos, el inspector pudo constatar que la empresa contratista no tenía permiso alguno. Todo a la mala. En el momento se notificó la paralización. Bastó esta notificación y el regreso de los inspectores al municipio para que las obras en vez de paralizarse, se aceleraran. Al día siguiente, la torre estaba terminada y la antena instalada a vista y paciencia de la vecindad. Una verdadera tomada de pelo a los vecinos y a las autoridades por parte de la empresa.

Esta vecindad pudo comprobar en carne propia la precariedad de una institucionalidad incapaz de hacer frente a estas situaciones cada vez más frecuentes porque el proyecto de ley que duerme en el parlamento consigna la necesidad de contar con el consentimiento de los vecinos dados los riesgos que sobre ellos recae la instalación de una antena.

julio 11, 2008

Proliferación de antenas

En los últimos meses estamos observando una proliferación de antenas para la telefonía móvil que no deja de sorprender. No solo se han instalado en medios urbanos, sino que ahora se están extendiendo a sectores rurales alterando su paisaje. Su intención no es otra que la de extender la cobertura de la telefonía móvil a todos los lugares donde exista una demanda real o potencial de comunicación por esa vía.

Esta expansión está siendo liderada por las grandes empresas de telecomunicaciones buscando minimizar costos. En los países mas desarrollados los gobiernos y pueblos están planteando exigencias tales que están forzando el reemplazo de las antenas por satélites que si bien son de mayor costo, no dañan el ambiente, la salud, el patrimonio, ni la convivencia de las personas involucradas. Las empresas recurren a toda clase de subterfugios legales ante la pasividad de las autoridades, porqué no decirlo, de nosotros mismos, sin percatarnos de sus alcances sobre nuestras vidas.

Es así como tenemos antenas en cuarteles de bomberos, a cambio de unos millones que les permita financiar sus actividades; tenemos antenas en casas y predios particulares que de esta manera les ayuda a solventar sus problemas económicos y/o gastos que de otra manera no podrían sostener. Los contratos que se manejan por concepto de subarriendo no son menores.

La legislación sobre la materia es en extremo relajada, presumiéndose que no se producen daños ambientales, ni a la salud ni al patrimonio de quienes residen en los sectores que rodean a la instalación de una antena. El nivel de agresividad que representa una antena cerca de su vivienda sabe muy bien de qué estamos hablando. A medida que se van recogiendo mayores antecedentes respecto de los daños que ocasiona una antena de 30 metros de altura, los países van imponiendo restricciones que están incorporando en su cuerpo legislativo. En Chile existe un proyecto de ley sobre la materia que intenta elevar las exigencias al respecto, y uno de sus puntos mas significativos está dado por la necesidad de contar con la autorización de la vecindad dado que la acción de un particular en beneficio propio está ocasionando costos en terceros. Este proyecto lleva años en el Congreso y de alguna manera explica la premura de las empresas de telecomunicaciones por acelerar sus instalaciones.

No obstante que la legislación actual favorece por completo a las empresas, ellas deben cumplir ciertas formas mínimas que ni siquiera se dan la molestia de satisfacer y que he podido comprobar in situ. En tal sentido el rol de cada municipio es clave, a través de sus autoridades políticas y su instancia técnica, que en este caso es la Dirección de Obras Municipales, instancias de deben hacer uso de las atribuciones que poseen sobre la materia, al igual que todos los organismos comprometidos, entre los cuales destaca la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Existen comunas donde las autoridades han ejercido en plenitud sus atribuciones, llegando al extremo de desmantelar instalaciones efectuadas sin mediar siquiera los avisos y los permisos que las leyes contemplan. En esto también importa el firme ejercicio de los derechos ciudadanos que nos competen.

julio 04, 2008

Educación, Estado y Mercado (parte 2)

La semana pasada hice especial mención al origen de la actual arquitectura del sistema educacional chileno, con especial énfasis en la educación superior. Ello, porque esta arquitectura es la que está tras sus características actuales, no obstante los esfuerzos que se puedan haberse desplegado por modificarlas, y que no son recogidos por la nueva ley general de educación (LGE).

Si se tuviese que concentrar en una palabra el proceso que ha vivido desde los años 70 la educación chilena, no solo la educación superior, sobre todo en la década de los 80, es el de la privatización. Desde entonces la bandera de quienes han empujado este proceso ha sido y sigue siendo: menos Estado, más mercado, aunque a la larga no solo tendremos menos Estado, sino que también menos mercado, al igual que está ocurriendo en otros sectores.

Para estos efectos se reemplazó un financiamiento en base a la ley de presupuestos y leyes especiales por una ley donde el financiamiento universitario pasó a basarse en el aporte fiscal directo (AFD), el aporte fiscal indirecto (AFI), el fondo concursable FONDECYT, y el crédito fiscal como préstamo a los estudiantes. El AFD representa una fracción de lo que recibían en el pasado las universidades es el componente mas estable de los ingresos; el AFI introdujo la competitividad en las universidades para atraer a los mas altos puntajes en la PSU, que por lo general coinciden con los mas altos niveles socioeconómicos; en tanto que el fondo concursable FONDECYT apuntó a financiar la investigación de excelencia sobre bases competitivas.

Si bien este escenario ha sufrido modificaciones en las últimas décadas, ellas no han hecho sino consolidar el modelo de educación superior chileno impuesto por la dictadura. A un 5% del AFD se le introdujo tímidamente un componente en base a atributos que intentan incrementar el nivel de competitividad entre las universidades adscritas al consejo de rectores; el AFI no ha experimentado variación alguna; se han multiplicado los fondos concursables para apoyar a la investigación y a la gestión institucional; y al fondo de créditos destinado a apoyar el financiamiento de los estudiantes se le ha complementado con diversos fondos de becas para quienes se matriculen en carreras de baja rentabilidad privada o acrediten determinadas condiciones académicas y socioeconómicas.

En virtud de la laxitud de la LOCE, desde fines de los 80, se dio origen a una multiplicación de universidades privadas que posibilitó el aumento de la cobertura universitaria en los quintiles de mayores ingresos cuyos puntajes no los habilitaban para ingresar a las universidades con financiamiento estatal, esto es, de quienes en el pasado no reunían los capacidades académicas para seguir estudios universitarios. Sin mediar avances cualitativos en la educación básica y media, bajo un prisma netamente mercantil, la oferta de carreras y vacantes de universidades privadas hizo lo suyo.

Las universidades con financiamiento público, pero que debían complementar con ingresos propios para autofinanciarse, entraron en la lógica del mercado recurriendo al cálculo económico convencional y propio de ambientes competitivos. Impregnados de esta nueva filosofía, sus procesos decisionales pasan a confundirse con aquellos que guían las decisiones del mundo privado. Si a ello agregamos un Estado ausente bajo el argumento de respetar la autonomía universitaria, llegamos a la realidad actual que la LGE no altera mayormente.

Por último, el comportamiento del Estado y de la sociedad a lo largo de estos años no ha ayudado a revertir este proceso que -de no mediar un giro que no se ve de dónde pueda provenir- conduce irremediablemente a la pérdida total de la razón de ser de las universidades públicas.

 
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