agosto 04, 2011

Créditos universitarios

El modelo de financiamiento de la educación superior que nos rige data de comienzos de los 80, y está basado en 3 componentes: 1) el aporte fiscal directo (AFD), que ahora llaman muchos tienden a denominar como aportes basales; 2) el aporte fiscal indirecto (AFI), destinado a premiar aquellas instituciones capaces de captar los más altos puntajes en la prueba de selección PSU; y 3) los aranceles de matrícula. El AFD solo lo reciben las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores, las llamadas universidades tradicionales y las que en su momento derivaron de éstas. Posteriormente, desde 1990 se fueron incorporando otras fuentes de financiamiento como son las becas y los fondos concursables.

Este modelo, implantado sin la más mínima discusión de sus principales actores ni por la opinión pública, solo ha experimentado variantes marginales, no sustantivas desde entonces. Más bien se ha ido consolidando y está en la génesis de la crisis actual, una crisis de legitimidad y de funcionamiento.

El monto del AFD tiene su base en una proporción de los presupuestos históricos que tenían las universidades y su destino original era financiar la gestión y la investigación, en tanto que el AFI y los aranceles tenían por fin financiar la docencia. El AFI se instituyó para estimular la competencia, dado que ésta, según los ideólogos que fraguaron el modelito, conduciría a elevar la calidad. Lo que hemos visto a lo largo de estas décadas es que los puntajes de la PSU están altamente correlacionados con los niveles socioeconómicos de los alumnos. Por tanto, las universidades que captan más AFI son quienes logran atraer a los alumnos de más altos ingresos. El peso del AFD y del AFI en los presupuestos de las universidades ha estado disminuyendo a punto tal que su principal componente de financiamiento está siendo constituido por los aranceles.

Para posibilitar que los alumnos provenientes de familias con bajos ingresos económicos pudiesen ingresar a las universidades, se instituyó el concepto de crédito universitario, bajo la concepción de que la educación superior es un bien privado dado que sus beneficiarios verían incrementados sus ingresos económicos a futuro. A esto debe agregarse que la institucionalidad vigente posibilitó la creación de universidades a diestra y siniestra, sin mayores exigencias.

La mesa estaba servida. El “vaso medio lleno” de este modelo está constituido por el aumento de cobertura. Mientras que antes de los 90 la cobertura estaba por debajo del 20%, hoy está por sobre el 40%; mientras que entonces solo 4 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar pertenecientes al 10% de las familias más pobres del país lograban ingresar a la universidad, hoy lo hacen 20 de cada 100.

El “vaso medio vacío” está dado por el hecho de que este incremento en la cobertura ha sido al precio de un alto endeudamiento de los jóvenes y sus familias. Todo esto mientras el Estado se retrae, se margina de su responsabilidad porque la educación superior es vista como un bien privado, de consumo, antes que como un bien público de interés nacional.

El país está ante una suerte de Polar educacional. El endeudamiento en que incurren los jóvenes es abiertamente injusto por múltiples motivos, pero me centraré en esta ocasión en dos de ellos. Uno, porque el joven pobre, cuando egrese saldrá con una mochila constituida por una deuda que los jóvenes no pobres no cargarán. Dos, porque el joven pobre, al egresar, lo más probable que obtenga puestos de trabajo peor pagados que los que conseguirá el joven no tan pobre que no tuvo necesidad de estudiar con crédito, porque sus redes familiares, sus pitutos, le allanarán el camino.

Esta es parte de la bomba que está haciendo movilizar a los jóvenes en estos días. Tras ellos están sus familias que los respaldan, al igual que las familias de los jóvenes que en el futuro ingresarán a la educación superior.

Por eso lo que se pide no es más crédito universitario, ni rebaja de intereses. Lo que se pide es lisa y llanamente la eliminación del crédito universitario y su sustitución por becas. En un país desigual como el nuestro es deber del Estado aliviar la carga a los más débiles, no cargarles la mano.

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