enero 06, 2011

En aras de la eficiencia: el caso mediaguas

Al iniciarse el nuevo año nos hemos enterado de la existencia de un millonario sobrepago por mediaguas para los damnificados del terremoto. Así se denuncia el pago de más de 800 mil pesos por una mediagua y la emisión de órdenes de compra por fuera del sistema de compras públicas por un total superior a los 10 mil millones de pesos. Estos hechos, detectados por la Contraloría han generado las más dispares reacciones, desde el gobierno y desde la oposición. Desde ésta se habla de un negociado, de un uso abusivo de los recursos que son de todos los chilenos, agravado porque aún hay familias que no reciben la mediagua que se les ofreció en su momento. Incluso, están dispuestos a estudiar acciones legales para sancionar a los responsables. Se destaca que a pesar que el informe de Contraloría ya era conocido por el gobierno desde el mes de noviembre, y de las responsabilidades que implicarían al director de ONEMI y al Jefe de la Oficina de Seguridad Pública, estos habrían sido ratificados como tales.

Desde el gobierno, siéndoles imposible negar la existencia de sobreprecio, afirman que no hay nada anómalo porque se estaba frente a una emergencia mayor, un cataclismo que había que enfrentar sin reparar mayormente en costos. La proximidad del invierno y la necesidad de proveer las mediaguas al más breve plazo justificarían lo obrado. Incluso se ejemplificó con casos caseros, tal como sería la reparación de un objeto en un tiempo determinado a un costo específico, la urgencia endecha reparación haría elevar dicho costo. Otro argumento al que se apeló se centró en que frente a un intempestivo aumento en la demanda de mediaguas como consecuencia del terremoto, la oferta de insumos y materiales para la construcción de las mediaguas no es capaz de reaccionar con la misma velocidad, razón por la cual sus proveedores resuelven aumentar sus precios.

El punto es que en una coyuntura como esta, el Estado no puede ausentarse, mirar hacia otro lado, hacerse el leso. Muy por el contrario, tiene la obligación de intervenir para evitar el aprovechamiento de una emergencia por parte de unos pocos. Acá, con lo detectado en el informe de Contraloría, pareciera que se dio todo lo contrario: El Estado en vez de evitar el aprovechamiento, el negociado de unos pocos con la desgracia de muchos, habría abierto cancha al negociado, habilitando el pago de sobreprecios saltándose todos los conductos formales y regulares existentes amparándose en una catástrofe de marca mayor. Lo anterior se agravaría por la multiplicidad de vasos comunicantes existentes entre el Estado y el mundo privado, dado que el grueso de las actuales autoridades públicas se desempeña fueron hasta hace no poco altos ejecutivos o directivos de importantes empresas nacionales.

Si la nueva forma de gobernar consiste en pasarse a llevar toda una institucionalidad construida en décadas bajo el argumento de ganar eficiencia y velocidad, entonces sálvese quien pueda. No vaya a ser que esté empezando la fiesta de los delincuentes en circunstancias que uno de los caballitos de batalla en la campaña presidencial del actual bloque gubernamental era que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes.

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