¿De dónde viene la violencia?

Co motivo del paro convocado por la CUT y la CONFECH se registraron hechos de violencia deplorables que motivaron al portavoz de gobierno a declarar que “Me gustaría ver a la Concertación rechazando la violencia”.

Cuáles son las razones que pudieron motivar de la declaración del primo de Sebastián? La respuesta es una sola: intentar asociar a la Concertación con la violencia, tal como lo ha hecho con la CUT al convocar al paro, y como lo hizo con la CONFECH cuando inició sus movilizaciones.

Importa clarificar que quienes convocan y adhieren a las movilizaciones, entre los que me incluyo a mucha honra, condenamos categóricamente, la violencia, venga de donde venga, y en todas sus manifestaciones. No solo la física. No pueden decir lo mismo el portavoz del gobierno y muchos de sus adherentes. Basta conocer sus trayectorias de vida.

En palabras de Sebastián, con ocasión de la revolución pingüina, el año 2006: “Creo que hay que saber escuchar a los estudiantes y yo prefiero mil veces ver a los secundarios levantarse por la mala educación que nos condena a la desigualdad y la injusticia, que verlos indiferentes a lo que ocurre en nuestro”. Y luego le preguntan: ¿no será mucho? A lo que responde: “Es que llegó el momento de enfrentar la verdad y no solo hacer discursos e inauguraciones, porque tal como está, el sistema educacional chileno se está convirtiendo en una máquina de desigualdades, por lo que llegó la hora de hacer cirugía mayor”.

Las movilizaciones son la expresión del rechazo a una violencia institucionalizada, la que no se expresa físicamente, sino que en forma de abusos de los que el país se ha cansado. Abusos que están inscritos a sangre y fuego en el modelo político, económico y social en el que se enmarca nuestra convivencia, un modelo excluyente, que nos separa, nos segrega, nos hace darnos la espalda.

Un modelo que cuya concepción de la seguridad está centrada en la propiedad, en el negocio, antes que en la persona; un modelo que es incapaz de proveer una educación decente a sus conciudadanos sin hacerlos endeudar; un modelo que es incapaz de recompensar decentemente el trabajo realizado por las personas, y que no castiga la usura, porque ésta ha desaparecido del léxico imperante bajo el imperio del dios mercado.

No resulta casual que esto se esté dando en Chile, en el minuto actual y que el mundo nos esté mirando y tomando partido. ¿porqué ahora y no antes? La respuesta es simple. El primer remezón fue el 2006, con la llamada revolución pingüina, que dieron origen a mesas de trabajo constituidas por hombres y mujeres “buenas” de todos los sectores, pero que solo dejaron un gusto a poco, y en el que se eludieron los temas claves porque las posturas en pugna no podían ponerse de acuerdo.

Este es el drama de Chile. Se tiene un modelo impuesto que no ha podido legitimarse, que existe y que no se puede modificar, excepto en aquellos aspectos que una de las partes, la derecha, esté disponible. Gracias al sistema electoral vigente, el binominalismo, y los amarres expresados en los quórums exigidos para efectuar cambios la cirugía mayor a la que aludía Sebastián.

Un partido de alta convocatoria

El gallito entre el gobierno y los estudiantes es de resultados impredecibles. Nadie sabe en qué terminará. El primero, fiel a sus convicciones y postulados, ofrece ajustar algunas perillas del modelo que intrínsecamente lo encuentran a pedir de boca. Por algo quienes nos gobiernan son los progenitores del modelo. Los estudiantes, con sus velatones, besotones, maratones, acompañados de cacerolazos y por las movilizaciones que se han prolongado y propagado más allá de lo que cualquiera de nosotros se hubiese podido imaginar hace tan solo un par de meses, solo quieren arrancar de cuajo lo que tenemos y cambiarlo radicalmente. Como dijera Camila: el gobierno quiere podar el arbolito, pero lo que hay que hacer es arrancarlo de raíz.

No deja de impresionar cómo los líderes estudiantiles, tanto de secundaria como universitarios, se han posicionado, sin temores, dando a conocer sus posturas en las barbas mismas de un poder político incapaz que ha ido perdiendo legitimidad y representatividad. Invitados al parlamento, expusieron sus posturas centradas en el derecho a la educación sin endeudarse, y su oposición al lucro. No piden sino hacer cumplir la ley a las autoridades cuya misión es justamente hacerla cumplir. Vaya paradoja.

Pero si de paradojas se trata, estamos llenos de ellas. Y los estudiantes nos las refriegan en la cara. Como resultado de una marcha son detenidos más de 500 estudiantes en un lapso de 8 horas, en tanto que por el caso de La Polar, en dos meses no hay detenidos. Sin pelos en la lengua, los estudiantes nos reprochan que a más de 6 meses de descubierta la colusión de las farmacias, tampoco hay detenidos. Los mismos que diariamente reprochan el comportamiento estudiantil, son los que olvidan dónde están los verdaderos delincuentes.

Y para rematarla los estudiantes se preguntan ¿cuántos detenidos hay por el lucro en las universidades privadas? En 30 años de funcionamiento, no hay ningún detenido. La legislación sobre la materia, que prohíbe el lucro en la educación superior, es letra muerta porque todos miraron al cielo haciéndose los locos. Al mismo tiempo, un gran número de estudiantes debe endeudarse sin la más mínima certeza de si con la educación recibida podrá pagar la deuda contraída y no engruese la nómina de morosos que inunda nuestro país. Los mismos que se hacen los locos con el lucro, son los que ahogan con deudas a los estudiantes. Esto es lo que nos echan en cara los estudiantes. Así y todo no faltan quienes los están acusando de intransigentes.

La contienda es desigual. Se está ante un partido de alta convocatoria en el que los jóvenes desconfían de la clase dirigencial, tanto empresarial como política, la que se encuentra descolocada, desbordada. No atina, da la hora, con una institucionalidad incapaz de procesar las demandas de una sociedad hastiada.

Se están pagando las consecuencias de décadas de omisiones, evasiones y elusiones sobre una sociedad que se siente violentada en sus derechos. Por eso, como me dijera un amigo: si no es ahora ¿cuándo?

Criminalización de una movilización

A pocos deben quedar dudas respecto de la intención de criminalizar un movimiento social apabullante que ha mostrado una creatividad, una conducta, una claridad y una persistencia que atraen la atención mundial. Pero acá, en nuestro país, que gotea y guatea, el énfasis de los medios de comunicación “serios” está puesto en los desmanes de jóvenes acompañados de la destrucción de bienes públicos y privados. Pruebas indesmentibles de ello, son las noticias acompañadas de imágenes de encapuchados y los carabineros de civil infiltrados en las manifestaciones.

Un movimiento cuya creatividad sorprende a todos. La maratón en torno a la casa de gobierno, el besotón frente a la misma casa, las obras teatrales callejeras, los eslóganes que enarbolan, entre las que destacan varones y mujeres desnudos portando cada uno una letra de la frase “la educación nos tiene en pelotas”, son algunos ejemplos de una originalidad sin igual.

Un movimiento cuya conducta revela una capacidad organizativa capaz de atraer a familias enteras y que no se ha dejado llevar por una violencia que es ajena a sus propósitos. Es un grave error pretender criminalizar a los jóvenes, y quienes lo hacen son los mismos que criminalizan a los pobres mientras los delincuentes de cuello y corbata se pasean por la calle.

Un movimiento cuya claridad se expresa en su objetivo, cambiar el modelito educacional, no perfeccionarlo ni consolidarlo ni mejorarlo. El modelito tiene un pecado original: no está validado ni legitimado. No está validado porque no existe en ninguna parte del mundo un modelito como el nuestro, ni existen evidencias de sus bondades, salvo en las mentes de sus ideólogos; y no es legítimo porque fue impuesto entre cuatro paredes sin que nosotros cortáramos ni pincháramos.

Un movimiento cuya persistencia asombra porque, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por apostar a su desgaste con el paso del tiempo, al menos hasta ahora, persiste con un tesón sin igual gracias a la concurrencia de múltiples factores, pero sobre todo, por su capacidad para recoger el malestar que recorre a una sociedad que siente que la educación dejó de ser un factor de integración para convertirse en un factor de segregación.

El presidente dijo recientemente, a propósito de la demanda de gratuidad de la educación, con mucha razón, que no hay nada gratis en esta vida. Efectivamente, alguien la paga. El punto es ese: ¿quién la paga? El modelito que tenemos postula que cada uno debe pagar su educación y que quien no puede pagársela, tiene la opción de endeudarse. El pobre elige si estudia o no. Si quiere estudiar, pues que se endeude. Cuando llegó la Concertación al gobierno en el 90 logró insertar, tímidamente, solo con el permiso de la derecha, el concepto de las becas por la tremenda injusticia que encierran los créditos en la educación superior, injusticia agravada por los intereses usureros. Pero no nos perdamos. No es un tema de intereses más o intereses menos. Se trata de erradicar el concepto del crédito en el ámbito educacional porque lo pervierte.

Créditos universitarios

El modelo de financiamiento de la educación superior que nos rige data de comienzos de los 80, y está basado en 3 componentes: 1) el aporte fiscal directo (AFD), que ahora llaman muchos tienden a denominar como aportes basales; 2) el aporte fiscal indirecto (AFI), destinado a premiar aquellas instituciones capaces de captar los más altos puntajes en la prueba de selección PSU; y 3) los aranceles de matrícula. El AFD solo lo reciben las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores, las llamadas universidades tradicionales y las que en su momento derivaron de éstas. Posteriormente, desde 1990 se fueron incorporando otras fuentes de financiamiento como son las becas y los fondos concursables.

Este modelo, implantado sin la más mínima discusión de sus principales actores ni por la opinión pública, solo ha experimentado variantes marginales, no sustantivas desde entonces. Más bien se ha ido consolidando y está en la génesis de la crisis actual, una crisis de legitimidad y de funcionamiento.

El monto del AFD tiene su base en una proporción de los presupuestos históricos que tenían las universidades y su destino original era financiar la gestión y la investigación, en tanto que el AFI y los aranceles tenían por fin financiar la docencia. El AFI se instituyó para estimular la competencia, dado que ésta, según los ideólogos que fraguaron el modelito, conduciría a elevar la calidad. Lo que hemos visto a lo largo de estas décadas es que los puntajes de la PSU están altamente correlacionados con los niveles socioeconómicos de los alumnos. Por tanto, las universidades que captan más AFI son quienes logran atraer a los alumnos de más altos ingresos. El peso del AFD y del AFI en los presupuestos de las universidades ha estado disminuyendo a punto tal que su principal componente de financiamiento está siendo constituido por los aranceles.

Para posibilitar que los alumnos provenientes de familias con bajos ingresos económicos pudiesen ingresar a las universidades, se instituyó el concepto de crédito universitario, bajo la concepción de que la educación superior es un bien privado dado que sus beneficiarios verían incrementados sus ingresos económicos a futuro. A esto debe agregarse que la institucionalidad vigente posibilitó la creación de universidades a diestra y siniestra, sin mayores exigencias.

La mesa estaba servida. El “vaso medio lleno” de este modelo está constituido por el aumento de cobertura. Mientras que antes de los 90 la cobertura estaba por debajo del 20%, hoy está por sobre el 40%; mientras que entonces solo 4 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar pertenecientes al 10% de las familias más pobres del país lograban ingresar a la universidad, hoy lo hacen 20 de cada 100.

El “vaso medio vacío” está dado por el hecho de que este incremento en la cobertura ha sido al precio de un alto endeudamiento de los jóvenes y sus familias. Todo esto mientras el Estado se retrae, se margina de su responsabilidad porque la educación superior es vista como un bien privado, de consumo, antes que como un bien público de interés nacional.

El país está ante una suerte de Polar educacional. El endeudamiento en que incurren los jóvenes es abiertamente injusto por múltiples motivos, pero me centraré en esta ocasión en dos de ellos. Uno, porque el joven pobre, cuando egrese saldrá con una mochila constituida por una deuda que los jóvenes no pobres no cargarán. Dos, porque el joven pobre, al egresar, lo más probable que obtenga puestos de trabajo peor pagados que los que conseguirá el joven no tan pobre que no tuvo necesidad de estudiar con crédito, porque sus redes familiares, sus pitutos, le allanarán el camino.

Esta es parte de la bomba que está haciendo movilizar a los jóvenes en estos días. Tras ellos están sus familias que los respaldan, al igual que las familias de los jóvenes que en el futuro ingresarán a la educación superior.

Por eso lo que se pide no es más crédito universitario, ni rebaja de intereses. Lo que se pide es lisa y llanamente la eliminación del crédito universitario y su sustitución por becas. En un país desigual como el nuestro es deber del Estado aliviar la carga a los más débiles, no cargarles la mano.