abril 19, 2013

¿Demoler o recuperar las Escuelas Concentradas'

A más de 3 años del terremoto, sus secuelas persisten. No podría ser de otro modo dada la envergadura del fenómeno telúrico. Luego de un primer período de perplejidad, seguido por una de diagnóstico y propuestas, ya se observa la puesta en acción de la recuperación de la ciudad de Talca que testimonia el empuje de sus habitantes y autoridades. No pocas decisiones son discutibles y generadoras de discordia. Para unos, reconstruir es aprovechar para modernizar, para otros, es volver a construir lo que había. Unos ponen énfasis en rescatar la tradición, otros en apostar hacia el futuro.

En este plano extraño la ausencia de una mirada global destinada a identificar aquellos edificios emblemáticos que debemos rescatar de lo que había. En este proceso debemos estar presentes todos, y cuando hay discrepancias, dirimirlas democráticamente, vía plebiscito comunal.

En Talca se observa que entre las decisiones más controvertidas se encuentra la demolición de las escuelas concentradas localizadas en una zona neurálgica. Decisión que sorprende debido a que el Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado a las ex Escuelas Concentradas Monumento Nacional, sin perjuicio que su oficialización se encuentre en tramitación en el Ministerio de Educación. Esta declaración representa un reconocimiento, a nivel nacional, del valor social, histórico, cultural y arquitectónico del edificio y su uso colectivo. Al igual que al Mercado Central, se le reconoce un valor que va más allá del metro cuadrado, que entronca con la tradición, con el respeto a la historia, a generaciones pasadas. En este plano, la modernización no tiene por qué ser incompatible con el respeto a las tradiciones.

Recuerdo cuando caminaba por los parques de Berlín, mi asombro por su tamaño, la cantidad de áreas verdes, en zonas céntricas del más alto valor monetario y que en Chile ya habrían abierto el apetito de las inmobiliarias. Incluso, a quienes me acompañaban les decía que en Chile estas áreas ya habrían sido devoradas por los intereses inmobiliarios. En Alemania, y en Europa en general, el respeto por la historia suele estar por encima de intereses transitorios de grupos de poder.

Es indispensable que las decisiones en este ámbito estén imbuidas de rigor y reflexión, independientes de tentaciones pecuniarias, resistentes a corruptelas porque sus secuelas son de largo aliento que afectarían a generaciones que van más allá de las actuales. Lo razonable, cuando hay discrepancias, que las decisiones sean avaladas por la ciudadanía vía plebiscitos comunales, como lo postula el movimiento liderado por Giorgio Jackson, Revolución Democrática (RD), y que en Talca se ha expresado con mucha fuerza. Quizá sea esta una ocasión para ponerlas en práctica.

Incendio en la pradera educacional

La destitución de quien fuera Ministro de Educación, Harald Beyer, ha desatado las más iracundas reacciones en las esferas de gobierno, responsabilizando a la oposición parlamentaria de crispar el clima político, la paz social. Por la forma con que el gobierno había asumido la acusación constitucional, es evidente que constituye una derrota de proporciones porque apostó a la división opositora movilizando a todas sus huestes y todos los recursos posibles. Primero en la Cámara de Diputados, y esta semana en el Senado, fracasando en ambas.

Entre los botones más grotescos se incluyen la asignación de recursos a un fondo para la educación municipal y la entrega de un informe que daría cuenta de una mejora en los puntajes Simce. Desafortunadamente, cuesta creerle al gobierno cuando afirma que la oposición actúa electoralmente, y que el gobierno no. Esta dicotomía es la que tiene a la credibilidad gubernamental por los suelos.

Lo que estaba en juego con la destitución de Beyer era algo más de fondo que dimes y diretes de última hora. Beyer representó a quienes quieren perfeccionar el modelo educacional que tenemos; la oposición, incluyendo en ella al movimiento estudiantil y la ciudadanía que lo apoya, en cambio, aspira modificarlo de raíz. Como dijera en su oportunidad, en sus tiempos de dirigente estudiantil, Camila Vallejo: “mientras ellos quieren podar el arbolito, nosotros queremos extirparlo de raíz”. Esta dicotomía está bien representada con el slogan “educación pública, gratuita y de calidad”, en oposición a la educación mercantilizada.

Lo que se ha denunciado en la educación superior, gracias al movimiento estudiantil, el lucro en las universidades, es lo que ha puesto sobre la mesa este otro slogan: “no al lucro”. El país está cansado del drenaje de recursos desde los más pobres a los más ricos; está cansado del endeudamiento de los de abajo para el enriquecimiento de los de arriba. Con el agravante, en el caso de las universidades, que este drenaje es ilegal y que por décadas se ha hecho la vista gorda. Mientras no se corte este drenaje, lo más probable que los estudiantes sigan movilizados, porque tras ellos están sus padres, con trabajos cada vez más precarizados que no quieren seguir endeudados y abusados.

La destitución es una invitación a reflexionar al respecto y recordar que la educación es un derecho.

abril 11, 2013

Mechoneo en buena onda

Todos los años los alumnos nuevos que ingresan a las universidades son sometidos a un mechoneo, que desgraciadamente, un muchos casos se asocian a universitarios que deambulan por las calles en harapos, pintarrajeados, pidiendo limosna para recuperar sus prendas de vestir retenidas por sus compañeros de cursos superiores.

Por fortuna, hay otros casos, más silenciosos, menos escandalosos, más innovadores, más creativos, más solidarios, de los que no se habla ni escribe. De uno de ellos, escribiré en esta ocasión.

Es el caso de la carrera de Ingeniería en Informática Empresarial de la Universidad de Talca, cuyo Centro de Alumnos y Dirección de Escuela, que optó, en conjunto con la Municipalidad de Talca, por organizar un mechoneo llevando a los alumnos nuevos a uno de los dos campamentos existentes en Talca, el campamento “El Paso” para realizar actividades de limpieza del sector en que se encuentra localizado, y actividades recreativas para los hijos de quienes lo habitan.

Se trata de un campamento habilitado sobre un terreno producto de una toma y que en su momento fue basural. Las condiciones de vida ambientales de quienes allí viven son deplorables: sin alcantarillado, sin recursos. Este campamento existe desde hace 12 años sin que a la fecha sus habitantes tengan una casa digna de seres humanos en los tiempos actuales. Se les ha prometido una solución habitacional dentro de un año

Para desarrollar las actividades de limpieza –desmalezamiento, retiro de basuras acumuladas, pintadas de rejas, plantación de árboles-, más de 70 mechones y alumnos de cursos superiores, junto con dirigentes estudiantiles, pusieron sus brazos y manos; el municipio sus palas, carretillas, grúas y camiones. Todo esto, en la esperanza de que quienes allí viven pueden hacerlo en mejores condiciones.

Para los nuevos alumnos universitarios fue una experiencia inolvidable, dado que desconocían la existencia de esta realidad, y los comprometió para desarrollar nuevas actividades de apoyo al campamento en el curso del año. Para las familias residentes en el campamento fue una jornada especial, que los compromete a seguir luchando por mejorar sus condiciones de vida.

No es primera vez que la carrera de Ingeniería en Informática Empresarial innova en estas materias. Ya en años anteriores ha sido distinguida a nivel nacional por parte del Instituto Nacional de la Juventud. La solidaridad y la innovación parecen ser atributos que la distinguen.

abril 10, 2013

El modelo educacional chileno

En Chile, históricamente la educación se ha concebido como un medio de ascenso económico y movilidad social. La relevancia que se le dio desde la primera mitad del siglo pasado se revela con el sello que acuñó el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en los años 30: “Gobernar es educar”. Desde entonces los esfuerzos estuvieron orientados a la cobertura, de modo que la educación estuviese al alcance de tod@s como una de las formas más efectivas de salir de la pobreza. Es así como en la primera mitad del siglo pasado se instauró la obligatoriedad de la educación básica y que posteriormente, en las postrimerías del mismo siglo, se extendió hacia la educación media . La importancia que el país asignaba a la educación se refleja en un gasto que hasta los primeros años de la década de los 70 fue del orden del 7% del PIB, financiado casi totalmente por el Estado. Esta realidad cambia significativamente en la década de los 80, cuando el Estado se retrae significativamente, alcanzando a aportar tan solo un 2,4% del PIB en 1990, delegando gran parte del esfuerzo educativo en las familias.

Recién en el presente siglo el gasto en educación recupera sus niveles históricos, pero con un significativo cambio en su estructura. Actualmente, el aporte de las familias chilenas al financiamiento de la educación es uno de los más altos del mundo, y es uno de los factores claves que están tras el movimiento estudiantil en curso. Esto, porque para la sociedad chilena, la educación ha sido concebida históricamente como un derecho, y por consiguiente el Estado tenía la obligación de proveer educación gratuita. Antes que el beneficio privado que generaba la educación, se valoraba su beneficio social, su contribución a la formación de las personas y al desarrollo del país.

El origen del modelo educativo chileno actualmente vigente se remonta a una visión inaugurada en 1981 con el denominado “proceso de municipalización de la enseñanza”, posteriormente consolidado y consagrado con la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE) elaborada por comisiones de expertos designados por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. La promulgación de esta ley tuvo lugar el 10 de marzo de 1990, el día antes que Pinochet, conservando la comandancia en jefe del Ejército, entregara su presidencia a la coalición opositora triunfante en 1989.

La LOCE, promulgada con rango tal que no basta una mayoría simple para cambiarla, buscó plasmar el fundamentalismo de mercado en el campo educacional. En el ámbito político la derecha tomó sus resguardos mediante las siguientes acciones: a) imponiendo un sistema electoral binominal que ha sobrevalorado su peso político en el parlamento; b) estableciendo los quórums calificados para dificultar los cambios a la constitución; y c) controlando los principales medios de comunicación nacional –el mercurio y la tercera-.

Este fundamentalismo se expresó en una reducción del rol del Estado en materia educativa, alentando la incursión privada mediante la subvención pública a establecimientos educacionales privados. El acento se puso en el resguardo de la “libertad de enseñanza”, sin prestar similar atención al derecho a la educación. La LOCE permitió el financiamiento público a instituciones de educación básica y media con fines de lucro, sin mayores requisitos respecto de su creación y la calidad de su funcionamiento. En paralelo las escuelas públicas municipales funcionaron con subvenciones irrisorias basadas en la asistencia a clases de los alumnos . El resultado es lo que las pruebas nacionales estandarizadas han evidenciado: una educación pública y privada de mala calidad.

Bajo los 20 años de gobiernos de la Concertación esta legislación no experimentó mayores modificaciones por no disponerse en el Congreso de las mayorías requeridas en virtud de una correlación de fuerzas políticas condicionada por un sistema electoral binominal que sobrerepresenta a la minoría, esto es, a la derecha. La ausencia de estas mayorías, generó un ambiente orientado a no herir “susceptibilidades” de poderes fácticos, o no alterar mayormente el “clima político”, o por entrar en la lógica de las privatizaciones neoliberales-. Lo concreto es que desde 1990 hasta 2010, los sucesivos gobiernos democráticos de la Concertación no tuvieron la capacidad, la fuerza y/o la voluntad suficiente para efectuar los cambios demandados al modelo educacional.

En el año 2006, sorpresivamente, l@s estudiantes de secundaria coparon la agenda informativa, tanto por la fuerza de sus movilizaciones como por la envergadura de sus planteamientos. Las masivas protestas estudiantiles de entonces, si bien partieron por temas operativos tales como los pases escolares y el precio de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), terminaron por objetar la educación en su conjunto, desde la formación del profesorado hasta la LOCE, pasando por la jornada escolar completa (JEC), la gestión, la segmentación, el financiamiento y el estatuto docente, entre otros temas. Buscaron remover los cimientos de una visión de la educación basada en la activa promoción del financiamiento privado y el retraimiento del financiamiento público.

L@s estudiantes pusieron sobre la mesa lo que estaba escondido bajo la alfombra: los problemas que enfrentaba la educación en Chile: segregación, exclusión y desigualdad social. El llamado movimiento pingüino no hizo más que poner de manifiesto esta realidad que el país no fue capaz de prever oportunamente. En esa ocasión, bajo el gobierno de Bachelet, el actual presidente Piñera, sostuvo :
“Creo que hay que saber escuchar a los estudiantes y yo prefiero mil veces ver a los secundarios levantarse por la mala educación que nos condena a la desigualdad y la injusticia, que verlos indiferentes a lo que ocurre en nuestro país”.

Posteriormente, agregó que
“Llegó el momento de enfrentar la verdad y no solo hacer discursos e inauguraciones, porque tal como está, el sistema educacional chileno se está convirtiendo en una máquina de desigualdades, por lo que llegó la hora de hacer cirugía mayor”.

Si bien el movimiento pingüino no fue en vano, sus resultados estuvieron por debajo de sus expectativas. Durante su transcurso se obtuvo la renuncia del entonces ministro de Educación, la atención de los medios de comunicación y de la clase política nacional, y la generación de una ley general de educación (LGE), promulgada recién el año 2009, en reemplazo de la LOCE. Ella fue fruto de negociaciones consensuadas a nivel de expertos y de los principales actores políticos representados en el parlamento, que no alcanzaron a modificar mayormente el modelo educacional imperante. El mar de fondo se mantuvo intocable: un modelo educativo desigual que no ha podido legitimarse.

La LGE que emergió en reemplazo de la LOCE, eludió los principales temas cuestionados por l@s estudiantes: la municipalización y privatización de la educación pública. En consecuencia, la LGE no logró alterar mayormente las bases conceptuales, los fundamentos, los cimientos sobre las cuales se construyó el sistema educativo bajo la LOCE.
Lo señalado da cuenta de la existencia de gobiernos, los de la Concertación, que condujeron al país por un sendero en base a la política “en la medida de lo posible”, donde “lo posible” era determinado por una derecha que se había asegurado políticas de “amarre” en la que había dejado ciertas esferas intocables y con las que la Concertación acabó pactando. Las movilizaciones estudiantiles del 2006 reprocharon a los partidos de la Concertación haber arriado sus banderas en aras de lo posible, de un tipo de realismo y pragmatismo que no hacía más que reproducir las lógicas imperantes durante la dictadura. A la derecha le reprocharon su resistencia a modificar un modelo que desde su vigencia ha generado una educación segregada, excluyente, desfinanciada, y de mala calidad.

Educación básica y media
Hasta la década de los 70, la institucionalidad de la educación básica y media estaba centrada en una educación pública que abarcaba más del 90% de la matrícula total y que era financiada íntegramente por el Estado. Ella era complementada por una educación privada sin financiamiento estatal. A partir del proceso de municipalización emprendido en los inicios de los años 80, el Ministerio de Educación se desentiende de los más de 3,000 establecimientos de educación básica y media, que pasan a depender de los municipios en que se localizan, traspaso que se hizo junto con un financiamiento basado en el subsidio a la demanda en función de la asistencia de l@s alumn@s a clases, el que se extiende a establecimientos privados subvencionados con y sin fines de lucro. Se configura una educación estatal municipalizada, una educación privada pagada y una educación privada subvencionada por el Estado, con la posibilidad de que esta última podía tener fines de lucro. A poco andar de este proceso, el valor de la subvención estatal por alumno y día de asistencia al establecimiento, experimentó una fuerte reducción por efecto de la crisis que vivió el país en 1982. Este desfinanciamiento provocó un significativo descenso de la matrícula en las establecimientos educacionales municipales.

Posteriormente, en 1993, este esquema se reforzó mediante un esquema de financiamiento compartido, por el cual establecimientos privados con financiamiento estatal podían complementar sus ingresos mediante cobros de aranceles a sus alumnos. A pesar que desde 1990 la subvención estatal comenzó a recuperarse, la tendencia al traspaso de matrículas desde la educación municipalizada a la privada subvencionada, siguió su curso. En la actualidad, la matrícula privada subvencionada ya supera la matrícula municipal, dando cuenta de un proceso de intensificación de la segregación por nivel.

Lo expuesto se refuerza porque los establecimientos privados subvencionados tienen la facultad de seleccionar a sus alumnos, prerrogativa de la que carecen los establecimientos municipales. Selección que termina por discriminar contra los niños y jóvenes provenientes de familias de menores recursos porque el costo de enseñar a dichos niños y jóvenes tiende a ser más elevado. Las consecuencias no se hicieron esperar: los pobres se educan en las escuelas municipales; los no tan pobres en escuelas privadas subvencionadas sin financiamiento compartido; los sectores medios en escuelas privadas subvencionadas con financiamiento compartido; y los sectores más adinerados en escuelas y colegios privados pagados.

Según el índice de Duncan , Chile es el segundo país más segregado en su sistema educativo entre 65 países que rindieron la prueba PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo señalado implica que el 30% de los alumnos de las familias más favorecidas económicamente, muy probablemente tendrá, a lo largo de su vida escolar, sólo compañeros de su mismo nivel socioeconómico. Lo mismo ocurrirá con los estudiantes del tercio de menores recursos. En consecuencia, la posibilidad de que un establecimiento educacional se matriculen niñ@s de distintas realidades es casi nula.

Educación superior
Desde el mismo golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se comenzó a desmantelar la arquitectura vigente para configurar las bases de una nueva arquitectura que con más o menos variantes se mantiene hasta la fecha. Se intervinieron las 8 universidades existentes que operaban con financiamiento esencialmente estatal, complementados con cobros simbólicos, por su baja cuantía, de matrícula y aranceles. Esta intervención tuvo su cara visible en la expulsión de los rectores y su reemplazo por miembros de las FFAA, los que se distribuyeron las universidades bajo el argumento de que habían sido infiltradas por el marxismo-leninismo internacional y que debían ser depuradas.

A partir de 1973, la educación superior quedó sometida a la discrecionalidad de la Junta Militar, la que redujo los presupuestos de las universidades, expulsó a muchos académicos de las universidades, cerró unidades académicas completas junto con el de aquellas carreras más estrechamente vinculadas a las ciencias sociales (filosofía, psicología, sociología, trabajo social, pedagogías, etc.) y promovió a jóvenes de pensamiento liberal en lo económico y conservador en lo valórico para que prosiguieran estudios de posgrado, muchos de ellos en la Escuela de Chicago. Todo esto, con el propósito que a su regreso asumieran cargos de responsabilidad en el ámbito político, económico y financiero.

De esta forma se despeja el terreno para aplicar en la década de los 80 profundas reformas promercado cuyas características centrales se mantienen vigentes gracias a una institucionalidad política que ha asegurado su permanencia (sistema electoral binominal y quórums calificados), ya que toda modificación solo puede realizarse con la aprobación de la derecha política, otorgándole un poder de veto que ha utilizado cada vez que lo ha estimado pertinente.

Como consecuencia de la creación de nuevas universidades privadas y la apertura indiscriminada y desregulada de nuevas vacantes y carreras bajo la nueva institucionalidad creada en tiempos de Pinochet, la participación de la matrícula en las universidades privadas ha ido incrementándose fuertemente en relación a la matrícula en las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH ).

Las universidades con financiamiento público, pero que debían complementar con ingresos propios para autofinanciarse, entraron en la lógica del mercado, de la necesidad de competir, recurriendo al cálculo económico convencional. Impregnados de esta nueva filosofía, sus autoridades adoptan decisiones bajo la lógica que guía las decisiones del mundo privado. Si a ello se agrega un Estado ausente bajo el argumento de respetar la autonomía universitaria, se llega a la realidad actual que no ha sido alterada mayormente. De la universidad vigilada por el Estado desde 1973 hasta 1990, se llega a la universidad abandonada a su suerte desde 1990 a la fecha.

En el caso chileno, sus universidades estatales no reciben más que un promedio del orden del 30% de sus presupuestos, viéndose forzadas a cubrir el 70% restante con recursos públicos y privados sobre bases competitivas de mercado.

Esta situación ha forzado a las universidades estatales a entrar en una lógica de competencia con otras universidades en condiciones desiguales, dado que por su naturaleza estatal está sometida a controles de los que se eximen las universidades privadas, incluso aquellas privadas que también reciben aportes públicos. Estos controles limitan su capacidad de gestión e impiden que puedan actuar con la velocidad que los tiempos actuales exigen.

En resumen, las universidades estatales se sienten y encuentran constreñidas, incómodas, maniatadas para operar en un esquema competitivo que debilita su naturaleza pública y distorsiona el proceso decisional al interior de ellas.

A pesar de que las nuevas universidades están legalmente definidas como instituciones sin fines de lucro, en la práctica lucran, comprobándose el ocultamiento de las utilidades a través de los más diversos mecanismos de evasión –sobrefacturación de servicios por parte de terceras empresas relacionadas con los propietarios de las universidades- y sobre las cuales no existe control público alguno-. En el contexto de la lógica económica del Chile actual, el criterio dominante en las esfera oficiales es que la educación sea un negocio más, una mercancía más, un bien de consumo más en la que el lucro es admisible, como lo es también en la educación básica y media.
En síntesis, el proceso que ha vivido la educación chilena, sobre todo desde la década de los 80, es el de la privatización tanto en términos de matrícula como de financiamiento, donde los principios rectores de quienes han empujado este proceso son menos Estado y más mercado. El nivel de privatización alcanzado por la educación superior chilena, se expresa tanto en el financiamiento como en la provisión privada de educación superior: más del 80% del gasto en educación superior recae en las familias y menos del 20% en el Estado, siendo Chile el país donde el Estado menos aporta al financiamiento de la educación superior; y en cuanto a la matrícula, más del 70% de la matrícula total es privada.

En consecuencia, desde los años 80, la educación superior, pasa a ser concebida más como un bien privado que como un bien público en razón de los potenciales mayores ingresos privados que recibirían sus beneficiarios. Por ello, de una matrícula gratuita se pasa a una matrícula pagada. En la actualidad Chile se encuentra dentro de los países que más gastan en educación superior en relación al PIB, pero con una baja participación del gasto público, lo que significa que el gran peso del gasto está siendo cargado a las familias. Junto con Corea, Chile es el país con mayor incidencia del gasto privado dentro del gasto total en las universidades.

En las dos décadas de gobiernos democráticos de la Concertación los esfuerzos dirigidos a modificar sustantivamente este modelo educativo han sido vanos, y no han hecho sino consolidar el modelo instalado sin legitimidad alguna. Lo expuesto está en la génesis de la crisis actual, una crisis de legitimidad y de funcionamiento. El enjambre institucional existente es fruto de una desregulación promovida desde el Estado tanto para la creación de nuevos establecimientos privados de educación básica (escuelas), secundaria (liceos) y superior (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica) sin mayores exigencias. Sobre la base que es el mercado el que regula, se alentó la creación y funcionamiento de establecimientos sin mayores exigencias. Un mercado desinformado en manos de una publicidad cuyo nivel de inversión y profundidad subliminal no tiene parangón en el mundo. Todo esto en un país que a lo largo de su historia ha considerado la educación como un bien público, como un medio de promoción, ascenso, movilidad social. La vía lenta, pero segura, para ser y tener más.

En la actualidad, con las características que tiene el sector educacional, en vez de contribuir a reducir las desigualdades, las petrifica o agudiza. No obstante que en los últimos 20 años el Estado ha incrementado sustancialmente la cantidad de recursos destinados a la educación básica y media, a pesar de este esfuerzo, el gasto público por alumn@ sigue siendo sustancialmente menor que el gasto privado por alumn@, revelando que el esfuerzo del Estado en educación sigue siendo insuficiente.
Cuando se hace referencia a la mala calidad de la educación pública se omite esta realidad y la crítica, se centra en la eficiencia del gasto público en esta materia. Esta misma crítica olvida el desmantelamiento del sector educacional en tiempos de Pinochet y que los gobiernos de la Concertación ha procurado revertir sin mayor éxito.

Si se aspira cotejar la educación pública con la privada no es posible omitir la cruda realidad actual donde el gasto público por alumno es menos de 100 dólares mensuales, la cuarta parte de lo que en promedio perciben mensualmente los colegios privados por cada alumno matriculado. Mientras no se corrija esta distorsión, agravada por el déficit en el capital social-cultural que arrastran quienes se matriculan en establecimientos educacionales con financiamiento público, las comparaciones y rankings que se elaboren carecen de validez alguna.

Lo que está en juego con la acusación constitucional al ministro de educación no es un tema menor. No tiene que ver con aspectos jurídicos, sino que políticos. Si la acusación es rechazada en el Senado, será un triunfo de quienes aspiran consolidar el modelo educacional actual; si la acusación es aprobada, será un triunfo de quienes aspiran a modificarlo sustancialmente. Tan simple como eso. Por ello, tras cada voto se sabrá qué monos pinta cada uno.

abril 05, 2013

Ahora le toca al Senado

La acusación constitucional contra el ministro de educación Beyer, es consecuencia retardada de las movilizaciones estudiantiles. Otros efectos, pero inmediatos en su momento, fueron las renuncias de los ministros de educación, Zilic en el 2006, y Lavín en el 2011.

En nuestro país, toda acusación constitucional, debe proceder cuando se ha comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Se puede acusar constitucionalmente al presidente de la república, a ministros de Estado, magistrados de los tribunales superiores de justicia, al contralor general de la república, a generales y almirantes de las FFAA, a intendentes y gobernadores.

Si bien, por definición la acusación constitucional en Chile debe tener bases jurídicas, en la práctica su naturaleza es eminentemente política puesto que depende de la correlación de fuerzas políticas imperantes en el parlamento. En el caso de Beyer, la acusación está centrada en que habiendo denuncias y disponiendo de facultades fiscalizadoras, no las ejerció.

Presentada la acusación, para informar si procede o no, la cámara de diputados debe escoger al azar una comisión de 5 diputados. En el caso de la acusación a Beyer, los sorteados fueron 3 representantes de la UDI y 2 de la DC. No escapará a su imaginación que la comisión informó que no procedía la acusación. Con este informe los diputados en pleno se reunieron, y la mayoría estimó que la acusación debe seguir su curso, razón por la cual el ministro es suspendido de su cargo hasta que el Senado, en calidad de jurado, declare si Beyer es culpable o no.

A la fecha, desde 1990, se han presentado 19 acusaciones, de las cuales, casi la mitad (9), han sido contra ministros de Estado, y 3 de ellas han sido contra ministros de educación (Arellano, Provoste y Beyer). De todas las acusaciones presentadas, solo una ha culminado con la destitución, y que fue el caso de Provoste. Estas cifras nos dicen que un tercio de las acusaciones presentadas contra ministros de Estado, afectaron al sector educación, lo que da cuenta de un modelo educacional que provoca un fuerte disenso en la población, y cuya gestión por parte del Estado no ha logrado resolverse.

La acusación contra Beyer ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, lo que dio origen a diversas expresiones. El candidato presidencial más probable de la derecha, Golborne, al igual que todo el sector, en una suerte de reacción refleja, sostuvo que “la politiquería le ha ganado a la educación”. Para la derecha es politiquería acusar al ministro por no cumplir con sus funciones fiscalizadoras al desestimar denuncias de lucro. Sin embargo, no es politiquería que los partidos que lo respaldan hayan votado en bloque por una nueva mesa en la Cámara de Diputados donde uno de sus integrantes fue destituido en su oportunidad de su cargo como alcalde por defraudación al fisco y de tener una deuda con el fisco por un valor superior a los 280 millones de pesos, poco menos de medio millón de dólares. Tampoco considera que sea politiquería que su bloque haya respaldado a este diputado, Pedro Velázquez, a cambio de su voto en contra de la acusación a Beyer, lo que no les sirvió para rechazar la acusación constitucional.

Por el otro lado, Michelle, enfatizó que "la acusación constitucional es una facultad del Parlamento. Ellos han tomado la decisión soberana de ejecutarla. Hoy día en el Parlamento ambas posiciones se han debatido y la gran mayoría ha decidido seguir adelante con esta acusación". Finalmente remató con "lo que yo apoyo es el fin al lucro y que las instituciones funcionen normalmente". Si bien Michelle dice no al lucro en la educación, también afirma que dentro de la institucionalidad, y para ello es necesario disponer de las leyes y de las facultades fiscalizadoras pertinentes con las cuales actualmente no se cuentan. Para tener esas leyes y esas facultades, es necesario que haya un poder ejecutivo que presente las leyes correspondientes y un parlamento que las apruebe. Por tanto, las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias son un verdadero test respecto de la voluntad del país porque la educación deje de ser un negocio, un bien de consumo, y sea concebido como un bien público, como un derecho. Por tanto, se requiere no solo que la oposición gane la presidencia, sino que el parlamento. Si la expresión de la calle, de las movilizaciones, no se concreta en una contundente mayoría parlamentaria, cualquiera sea el gobierno que tengamos no tendrá más alternativa que administrar lo que hay, como es lo que ha ocurrido en estas décadas. En democracia, para avanzar realmente, el poder ciudadano reside en el voto antes que en la calle. Lo otro, es pura música que favorece a los poderes fácticos. No votar, o votar testimonialmente, es perpetuar lo que hay.

 
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