La ley que se ha estado abordando en el Congreso está destinada a ordenar, establecer las reglas de juego del sector pesquero. Por tanto, se supone que apunta a salvaguardar la sustentabilidad de los recursos marinos, mediante un apropiado manejo de su explotación en beneficio del país delimitando áreas y cuotas de pesca para los distintos sectores participantes, boteros, pescadores artesanales e industriales. Su importancia radica en las nefastas consecuencias que pueda tener una mala ley, así como los beneficios que generaría una buena ley.
Una buena ley sería aquella que conserva la biodiversidad marina, posibilita una explotación de los recursos de forma tal que las futuras generaciones puedan seguir contando con los recursos marinos que hoy degustamos. Una buena ley es aquella que preserva y desarrolla fuentes de trabajo del sector, que son parte de la tradición e identidad nacional. Una buena ley es aquella que apoya a los pescadores artesanales, que reconozca su aporte, no solo en el ámbito pesquero, sino que en términos turísticos.
Una mala ley sería aquella que conduce a la sobreexplotación, produciendo los efectos contrarios a los postulados, esto es, disminución de la biodiversidad, en la magnitud de los recursos marinos, llegando a la desaparición de algunas especies y de la pesca artesanal.
Es lo que temen, no sin razón, los pescadores artesanales. En un país donde, en los más diversos sectores, los grandes se comen a los chicos, la sensación de vulnerabilidad de estos últimos es brutal. Los temores no son infundados. Aseguran que los industriales, bajo esta nueva ley, tendrán 20 años de chipe libre para extracciones sin límites en grandes extensiones de mar concesionadas.
Lamentablemente se está legislando apurado porque la ley actual vence ahora, a fin de este año. Para un país como el nuestro, con la privilegiada costa que tenemos, la ley en debate no es un tema menor. Nos debe importar, y mucho, incluso debiera importarnos tanto o más que el fallo de La Haya, tema del cual espero conversar en otra oportunidad.
Los involucrados somos todos. No solo los boteros, los pescadores artesanales y las industrias pesqueras. También nosotros, los consumidores, y las futuras generaciones.
A la nueva ley se le reprocha que busque favorecer a la industria pesquera, no abordando el tema de la pesca de arrastre, que mata la biodiversidad de los fondos marinos. Bajo la nueva ley, tal como está, se acepta que tan solo 7 poderosas familias puedan seguir haciendo de las suyas en nuestros mares por 20 años más. Poderosas familias que no pagan impuestos específicos por la extracción de los recursos marinos que nos pertenecen a todos.
El gobierno, tal como en educación no quiere regular el lucro, en este caso, no quiere regular la pesca de arrastre que utilizan los pesqueros industriales, modalidad responsable de la pérdida de biomasa en nuestros mares sobreexplotados por ellos. La responsabilidad de este gobierno, y de todo gobierno, cualquiera sea su signo, es gobernar para las mayorías, no para minorías, y menos, para tan solo 7 familias, por mas empingorrotadas que sean.
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