Rodolfo Fco. José Schmal Simon

La destrucción de las universidades estatales

El nuevo Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (MINEDUC) nos ha anticipado el tenor de las reformas que vienen, las que se centran en la necesidad de que los escasos recursos públicos que hoy son asignados a las universidades estatales se redistribuyan entre todas las instituciones de educación superior sobre bases competitivas.

Estas reformas se veían venir desde hace tiempo, desde que se viene recorriendo un sendero trazado a inicios de los años 80 cuando se redujo el financiamiento público y se abrió espacio en la educación superior para su privatización y mercantilización. De un financiamiento público del 100% de las actividades de las universidades estatales, hoy se cuenta con un financiamiento público muy por debajo del 50%. Todo ello, bajo el argumento de la necesidad de introducir dosis de competitividad en el mercado de la educación superior.

La consecuencia de esta política que ya lleva casi 30 años de implementación, es la educación superior que hoy tenemos y que no tiene parangón a nivel mundial. En ningún país del mundo existe una educación superior estatal tan jibarizada como la nuestra, donde crecientemente la lógica del negocio está atravesando las decisiones que se adoptan desnaturalizando su razón de ser. También es difícil encontrar una educación superior tan cara como la nuestra (en relación a nuestro desigual ingreso per cápita).

Pocos pueden negar el alto nivel de competitividad existente en nuestro país en nuestra educación superior y que se grafica con la desenfrenada publicidad, sin el más mínimo recato, con que las universidades dan a conocer su oferta. He recorrido muchos países en el mundo y en ninguno de ellos he encontrado una publicidad como la que tenemos en Chile. Los alumnos son vistos como clientes, como presas a cautivar.

Lo positivo de lo descrito es el aumento de la cobertura, que se ha más que duplicado en estas décadas, pero a costa de un nivel de endeudamiento de los estudiantes y sus familias sin parangón alguno, particularmente de entre los más pobres.

La presencia de consorcios internacionales en el mercado nacional de la educación superior da cuenta de que estamos ante un apetitoso mercado, de alta rentabilidad, y que por tanto es visualizado como un negocio.

Tras esto está la lógica de estamos en un sector donde la competencia es sana y conduce a servicios de calidad. Esta lógica que se da por sentada, por obvia, no está respaldada por evidencia alguna. No existe país alguno, que disponga de una educación superior de calidad, en el que esto opere y funcione en la dirección que sus defensores pregonan. Desafortunadamente estamos en un ámbito en el que la competencia no conduce a una educación superior de calidad: no solo en la educación superior, sino que en la educación en general. Por el contrario, estamos ante un sector en el que la evidencia señala que debe primar la cooperación, la sincronización antes que la competencia.

Pero nosotros vamos a contrapelo y las consecuencias ya las estamos experimentando. Los efectos perversos del esquema en el que está operando la educación superior chilena son notorios, tanto en la educación superior privada como estatal.

Siendo Chile un país desigual, el más poderoso instrumento para perforar la reproducción de familias privilegiadas y el progreso social sea posible, es mediante una educación pública de calidad. Para ello es un imperativo dotar a las instituciones educacionales públicas de los recursos, las atribuciones, las estructuras y las normas que le permitan cumplir su función. Las universidades privadas en lo suyo pueden prestar toda la educación superior que quieran, de la calidad que quieran o que las regulaciones existentes determinen, con platas privadas. Las universidades públicas, las realmente públicas, las que operan con recursos públicos también en lo suyo, que no es otra cosa que desarrollar sus actividades de creación, transmisión y difusión de conocimientos bajo estándares de alta calidad. En caso contrario, no tienen razón de ser.

Tal como a la ciudadanía no se le ocurriría destinar recursos públicos para financiar a FFAA privadas, tampoco se le deben destinar recursos públicos a universidades privadas. Podemos tener guardias privados, empresas de seguridad privadas, destinadas a proveer servicios de seguridad muy valiosos, pero ello de manera alguna justifica que se le asignen recursos públicos. A cambio de ese monopolio de recursos públicos de que disponen nuestras FFAA, se les exige que tengan la capacidad para defender el territorio nacional frente a cualquier ataque externo. Para esto se le asigna un presupuesto público. Las distintas ramas de las FFAA no compiten entre sí, sino que cooperan entre sí concientes que son parte de un sistema de seguridad nacional.

Lo mismo vale en materia educacional. Un país con una buena educación pública es un país más seguro y un país mejor. Todo sistema educacional está conformado por componentes, dentro de los cuales la educación superior es uno de ellos. Dentro de este sistema, la experiencia internacional privilegia la cooperación antes que la competencia y la asignación de recursos públicos estables en el tiempo a las instituciones estatales. En caso contrario se las condena a morir.

Lamentablemente, lo que hoy tenemos es cualquier cosa, menos un sistema educacional propiamente tal. Por ello es un imperativo construir un sistema educacional con un norte nítido y reglas de juego claras para todos sus componentes.

Como esto no se tiene, se hace imprescindible abrir una discusión a nivel de sociedad respecto del norte que queremos y las reglas bajo las cuales vamos a jugar.

Mientras esta discusión no tenga lugar, el financiamiento de las universidades estatales deben ser en un 100% de carácter público y el de las universidades privadas, en un 100% de carácter privado. Los fundamentos de mi postura son:

1. para no caer en una lógica competitiva de mercado educacional que no existe en ninguna parte del mundo: tal como la seguridad de la nación no está en manos del mercado, sino que de las FFAA, la educación tampoco debe estarlo. En estos años hemos visto a varias universidades estatales que se han pervertido por razones de mercado: ejemplos tenemos de sobra y a la vista;

2. porque su dueño es el Estado, y no consorcios privados nacionales o internacionales cuyos propósitos son distintos a los de las universidades públicas, donde debe primar la tolerancia, la diversidad, la integración, la equidad, atributos que una universidad es incapaz de garantizar. Sus dueños contratan, despiden a los rectores, académicos y porteros que sean funcionales a sus intereses, que no necesariamente son los del país.

Como contrapartida, por este monopolio de los recursos públicos que las universidades estatales reclaman para sí, éstas tienen la obligación de:

          • desarrollar docencia, investigación de calidad;

          • rendir cuentas de sus gastos, de sus actuaciones y de sus resultados; y

          • practicar la transparencia y la participación real, no aquella meramente formal.

En síntesis, las platas privadas para las universidades privadas, las públicas para las públicas. Cualquier otra cosa, la experiencia de estos años en nuestro país demuestra que conduce al abismo, a una educación universitaria que en vez de integrarnos, nos desintegrará cada vez más.