Rodolfo Fco. José Schmal Simon

El valor de la transparencia

Esta semana se cumplió un año desde la promulgación de la ley de transparencia. Se trata de una ley largamente esperada que apunta a romper el oscurantismo bajo el cual se han desenvuelto históricamente las actividades del aparato público y el destino que tienen los recursos públicos. Esto, sobre la base del derecho a la información que tenemos todos respecto de lo que se hace con nuestros recursos y sus destinatarios; y del deber que tienen los organismos públicos de dar cuenta de sus acciones.

Si las cosas fuesen como debiesen ser, probablemente no sería necesaria una ley para algo que se asume como obvio. Desafortunadamente sin ley, no pocos organismos estatales se dan el lujo de responder cuándo y cómo quieren ante los requerimientos ciudadanos. La ley intenta reparar esto. Que lo logre, ya es otro cuento. Diría que estamos a medio camino, un camino tortuoso, lleno de obstáculos.

De lo positivo debemos rescatar que a partir de la ley, la información que hoy puede conocer la ciudadanía es significativamente mayor que en el pasado. Las tecnologías de información y comunicación ayudan a ello. Los organismos del Estado publican la información exigida por la ley en sus sitios web. También se debe destacar del compromiso y comportamiento de muchos responsables de servicios públicos por recoger el espíritu de la ley, en particular, entregar información que les ayuda a ellos mismos a ser menos discrecionales en el uso de los recursos. La ley procura limitar la corrupción, el ocultamiento o la manipulación de información.

A un año de la ley se puede afirmar que están cambiando las formas con que se hacen las cosas; está siendo más difícil hacer trampas, esconder información. Los corruptos la tienen más difícil.

Pero falta avanzar más, mucho más. De partida, la discrecionalidad sigue campeando. No pocos responsables de instituciones en el que están implicados recursos públicos siguen mirando para otro lado ocultando información o desplegándola de forma tal que no muestra lo que debe mostrar. Mucha información dispersa, no integrada que impide tener la visión que se requiere de una realidad. Y también está el caso que la implementación de esta ley ha exigido recursos que muchas instituciones no poseen, como es el caso de muchas municipalidades cuyas precarias condiciones operacionales les han impedido aplicar la ley a cabalidad.

Pero una de las razones por las que no se ha avanzado más no tiene que ver con platas, ni con voluntades de directivos, sino que con nosotros mismos: con nuestra capacidad para exigir. Si no exigimos, la ley es letra muerta. La ley nos da el derecho de acceso a la información, pero si no queremos, si no tenemos la voluntad por requerir la información, si creemos que no la necesitamos, estamos perdidos. Con ley o sin ley, si no nos empoderamos como ciudadanos, si nos reducimos a nuestro respectivo metro cuadrado, si nos limitamos a subir y bajar a los señores políticos, pero sin hacer uso de los derechos que nos asisten, estamos sonados.

Nuestra pasividad no es gratis, nos cuesta caro. Para avanzar más, para que la ley se haga carne, necesariamente debemos ser más exigentes. De otro modo nuestro Estado no cambiará mayormente y después no tendremos derecho a llorar sobre la leche derramada.

El desarrollo tiene que ver con esto, con un empoderamiento ciudadano. Para tener un Estado al servicio de los ciudadanos tenemos que creernos el cuento.