abril 03, 2009

En la sala de clases

Estamos ad portas de una nueva ley, la LGE, que fija las normas bajo las cuales operará el sistema educacional chileno en reemplazo de la LOCE. Las miradas existentes dependen del cristal con que se mira: nada nuevo bajo el sol.

Desde el pingüinazo, los tiras y aflojas, las idas y vueltas, han estado a la orden del día. Sobre la mesa, han estado temas que van desde el lucro y la selección hasta la libertad de enseñanza. La última polémica ha girado en torno a la autorización para que profesionales no docentes hagan clases en la enseñanza media. La idea es que, a modo de ejemplo, ingenieros pueden hacer clases de matemáticas, en los establecimientos de educación media. Esta opción existe en la actualidad, pero sujeta a muchas restricciones, las que bajo el nuevo proyecto se levantan. Las exigencias se limitan a que las clases las puedan realizar profesionales con una licenciatura de al menos 8 semestres obtenida en una universidad acreditada. En un sentido estricto estas exigencias son bien pobres porque desconozco que existan licenciaturas de menos de 8 semestres y la acreditación de una universidad está corriendo el riesgo de estar convirtiéndose en un mero trámite.

La reacción de rechazo por parte del Colegio de Profesores era esperable. Difícil imaginarse que pudiesen estar de acuerdo con esta suerte de intromisión de otros profesionales en las aulas de clase, espacio en el que se asume que son los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos. Algunos han pretendido asociarlo a la idea que los profesores quieren conservar el monopolio en las aulas. Nada que ver.

Me pregunto qué dirían los médicos y la sociedad toda si el día de mañana se autorizara a “otros profesionales” realizar cirugías, atender consultas médicas. La sociedad deposita su fe pública en determinados profesionales, en este caso de la salud, los médicos, la responsabilidad de proveer salud a la población. Lo mismo creo que ocurre en el plano de la justicia. No me imagino que en los alegatos, los juicios, los tribunales intervengan profesionales que no sean abogados. Y no se me ocurriría pensar que están usufructuando de un monopolio.

Un ejemplo concreto es el de los oftalmólogos con los tecnólogos médicos especializados en optometría (orientados solamente a recetar lentes). Los primeros, médicos se han opuesto y con éxito, aduciendo una serie de razones, independientemente de las necesidades de la población en esta materia.

Por ello me parece sumamente rara una suerte de tolerancia que observo por parte de la sociedad a admitir que profesionales distintos a los educadores puedan ejercer funciones en las aulas. Quiérase o no, representa un menoscabo para los profesionales de la pedagogía. Junto con parecerme razonable el rechazo de los profesores a esta nueva ley, creo que amerita una reflexión a fondo respecto de las razones que han llevado a esta situación de desmedro profesional.

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