enero 16, 2009

Universidades públicas

En la semana tuvo lugar en la capital del reino un importante encuentro internacional para abordar el tema de los desafíos que enfrentan las universidades públicas de cara el siglo XXI. Son múltiples los problemas que deben enfrentar, por lo que no resulta fácil identificar el principal de ellos. Pero al menos en el caso chileno, pareciera estar centrado en su financiamiento, en particular el bajo financiamiento público que denuncian.

Cualquiera pensaría que el financiamiento de toda universidad estatal, sería en su totalidad público, sin embargo no es así. Por el contrario, las universidades del Estado no reciben más que un promedio del orden del 30% de sus presupuestos, viéndose forzadas a cubrir el 70% restante con recursos provenientes del mundo privado sobre bases competitivas de mercado.

Esta situación ha forzado a las universidades estatales a entrar en una lógica de mercado en la que lleva todas las de perder porque la competencia con las universidades privadas no es en igualdad de condiciones. Por su naturaleza estatal están sometidas a controles de los que se eximen las universidades privadas, incluso aquellas privadas que también reciben aportes públicos, tales como las Universidades de Concepción, Austral, Católica de Santiago y otras. Estos controles limitan su capacidad de gestión e impiden que puedan actuar con la velocidad que los tiempos actuales exigen. Sus capacidades de endeudamiento están limitadas dado que no pueden comprometer recursos más allá del período presidencial que se trate.

Cabe destacar que el sistema universitario chileno difícilmente se puede considerar como un sistema propiamente tal, no tanto por su diversidad como por su alto grado de desarticulación y que se ha ido acentuando. Es difícil entender que haya universidades privadas que no reciben aportes estatales en tanto que otras sí, como es el caso de aquellas que pertenecen al consejo de rectores; también resulta incomprensible que existan universidades privadas que reciban mayores aportes estatales que las propias universidades estatales.

En resumen, las universidades estatales se sienten y encuentran constreñidas, incómodas, maniatadas para operar en un esquema competitivo que va minando su razón de ser y distorsionando el proceso decisional al interior de ellas.

De allí que las universidades estatales estén exigiendo disponer de un financiamiento público base mínimo de un 50% del presupuesto total y de un marco regulatorio adecuado que les permita abordar los grandes desafíos que le impone la hora actual. Esto es, ser actores relevantes en el desarrollo regional y nacional, estar en condiciones de asegurar la calidad e instalar sistemas de autorregulación..

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