La gran diferencia
Patricia Troncoso, alias Chepa, decidió poner término a su huelga de hambre que se prolongó por más de 100 días. El desafío. No era primera vez que acudía a la huelga de hambre como expresión de rechazo a las acusaciones en su contra, pero por sobretodo, a la realidad indígena.
Su caso recorrió el mundo enteró y concitó el interés desde los más diversos rincones. Se trata de una aguerrida mujer siempre ha sido cercana a la iglesia católica, fue catequista y permanente defensora de los derechos humanos desde los tiempos de la dictadura militar. Estudió ciencias religiosas y teología en la Universidad Católica de Valparaíso. Incluso tuvo la intención de ser monja. A propósito de la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco se involucró en la defensa del medio ambiente y en la comuna de Alto Biobío se interiorizó de la realidad indígena. Hizo suya esta realidad yéndose a vivir a una de sus comunidades, en la localidad de Ercilla, en la región de la araucanía.
Se involucró en diversos actos de protesta en defensa de los mapuches que culminaban en desórdenes públicos; en el año 2002 fue acusada de participar en un atentado contra un fundo sureño; fue acusada de amenaza terrorista, cargo del que fue liberada en el 2003. Posteriormente, el año 2004, se le aplicó la ley antiterrorista y fue condenada a 10 años de cárcel por incendio terrorista. Por su pertenencia a la Coordinadora Arauco-Malleco, se la acusa de asociación ilícita terrorista, cargo del que es absuelta. En 2006 protagoniza su primera huelga de hambre exigiendo su libertad, la que se prolonga por más de 2 meses.
En síntesis, estamos ante una mujer del mundo no indígena dispuesta a dar la vida por la causa mapuche; una mujer cuya exquisita sensibilidad y deseo de justicia no podemos ni debemos ignorar, y que nos deben llevar a reflexionar. Ella ha puesto sobre la mesa, en la agenda pública una problemática que históricamente se ha escondido y que el Estado no ha sabido encarar.
Ante el caso, las dispares reacciones del gobierno de la Concertación y de la oposición revelan mucho. Por un lado, un gobierno que monitorea de cerca la situación y que conciente de la férrea disposición de “la Chepa” por llegar hasta las últimas consecuencias, decide ponerse en acción con miras a evitar la pérdida de una vida humana y su conversión en leyenda, amén del alto costo político que tal desenlace encerraría. Por otro lado, una oposición que monitorea el comportamiento gubernamental, a fin de que no se saliera del libreto del estado de derecho. Mientras para el gobierno y la Concertación lo primero era salvaguardar la vida de una persona que la estaba poniendo en jaque, para la oposición lo primero era el imperio del derecho.
Desde palacio se afirmaba que “primero que nada privilegiamos la vida humana” y de la necesidad de actuar con flexibilidad, enfocando el tema como una oportunidad para entablar un diálogo efectivo, a fondo, con las comunidades indígenas para abordar problemas centenarios. A como diera lugar, había que evitar la muerta de Patricia.
Desde la oposición, la mirada era diametralmente distinta. El foco fue puesto en el precedente que se estaba generando para otros casos, en la debilidad gubernamental de ceder a una presión desde una huelga de hambre. Para ella, lo importante es aplicar a rajatabla el imperio de la ley, sin matices. Para la Alianza había que dejarla morir. Esta mirada opositora fue fiel a su origen y afinidad con la dictadura y gobiernos autoritarios. El ministro del Interior, Pérez Yoma, fue muy expresivo al afirmar que "este Gobierno no es el gobierno de la señora Margaret Thatcher, que el que estaba como huelguista de hambre podía morir". De esta forma hizo alusión a Bobby Sands, miembro del IRA que murió tras una huelga de hambre de más de dos meses.
El caso retrata la gran diferencia que subsiste entre quienes nos gobiernan hoy y quienes nos gobernaron en tiempos de Pinochet. Es una diferencia clave que de alguna manera explica la continuidad de los gobiernos de la Concertación.
Patricia Troncoso, alias Chepa, decidió poner término a su huelga de hambre que se prolongó por más de 100 días. El desafío. No era primera vez que acudía a la huelga de hambre como expresión de rechazo a las acusaciones en su contra, pero por sobretodo, a la realidad indígena.
Su caso recorrió el mundo enteró y concitó el interés desde los más diversos rincones. Se trata de una aguerrida mujer siempre ha sido cercana a la iglesia católica, fue catequista y permanente defensora de los derechos humanos desde los tiempos de la dictadura militar. Estudió ciencias religiosas y teología en la Universidad Católica de Valparaíso. Incluso tuvo la intención de ser monja. A propósito de la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco se involucró en la defensa del medio ambiente y en la comuna de Alto Biobío se interiorizó de la realidad indígena. Hizo suya esta realidad yéndose a vivir a una de sus comunidades, en la localidad de Ercilla, en la región de la araucanía.
Se involucró en diversos actos de protesta en defensa de los mapuches que culminaban en desórdenes públicos; en el año 2002 fue acusada de participar en un atentado contra un fundo sureño; fue acusada de amenaza terrorista, cargo del que fue liberada en el 2003. Posteriormente, el año 2004, se le aplicó la ley antiterrorista y fue condenada a 10 años de cárcel por incendio terrorista. Por su pertenencia a la Coordinadora Arauco-Malleco, se la acusa de asociación ilícita terrorista, cargo del que es absuelta. En 2006 protagoniza su primera huelga de hambre exigiendo su libertad, la que se prolonga por más de 2 meses.
En síntesis, estamos ante una mujer del mundo no indígena dispuesta a dar la vida por la causa mapuche; una mujer cuya exquisita sensibilidad y deseo de justicia no podemos ni debemos ignorar, y que nos deben llevar a reflexionar. Ella ha puesto sobre la mesa, en la agenda pública una problemática que históricamente se ha escondido y que el Estado no ha sabido encarar.
Ante el caso, las dispares reacciones del gobierno de la Concertación y de la oposición revelan mucho. Por un lado, un gobierno que monitorea de cerca la situación y que conciente de la férrea disposición de “la Chepa” por llegar hasta las últimas consecuencias, decide ponerse en acción con miras a evitar la pérdida de una vida humana y su conversión en leyenda, amén del alto costo político que tal desenlace encerraría. Por otro lado, una oposición que monitorea el comportamiento gubernamental, a fin de que no se saliera del libreto del estado de derecho. Mientras para el gobierno y la Concertación lo primero era salvaguardar la vida de una persona que la estaba poniendo en jaque, para la oposición lo primero era el imperio del derecho.
Desde palacio se afirmaba que “primero que nada privilegiamos la vida humana” y de la necesidad de actuar con flexibilidad, enfocando el tema como una oportunidad para entablar un diálogo efectivo, a fondo, con las comunidades indígenas para abordar problemas centenarios. A como diera lugar, había que evitar la muerta de Patricia.
Desde la oposición, la mirada era diametralmente distinta. El foco fue puesto en el precedente que se estaba generando para otros casos, en la debilidad gubernamental de ceder a una presión desde una huelga de hambre. Para ella, lo importante es aplicar a rajatabla el imperio de la ley, sin matices. Para la Alianza había que dejarla morir. Esta mirada opositora fue fiel a su origen y afinidad con la dictadura y gobiernos autoritarios. El ministro del Interior, Pérez Yoma, fue muy expresivo al afirmar que "este Gobierno no es el gobierno de la señora Margaret Thatcher, que el que estaba como huelguista de hambre podía morir". De esta forma hizo alusión a Bobby Sands, miembro del IRA que murió tras una huelga de hambre de más de dos meses.
El caso retrata la gran diferencia que subsiste entre quienes nos gobiernan hoy y quienes nos gobernaron en tiempos de Pinochet. Es una diferencia clave que de alguna manera explica la continuidad de los gobiernos de la Concertación.
Excelente reseña, querido Rodolfo. En pocas partes se hace la presentación de la Chepa en estos términos.
ResponderBorrarPatricia Troncoso representa muy bien a la gran mayoría de los chilenos, aunque la gran mayoría de los chilenos no lo sepa. Ella es quien siendo "no indígena" en un sentido estricto del término (el mapudungún no es su lengua materna, no lleva apellido mapuche, no pasó su infancia en una comunidad mapuche, etc.), ha sabido reconocer lo que como chilenos siempre hemos negado y despreciado: nuestros orígenes, nuestra raigambre. En Chile es un porcentaje ínsignificante de la población que no lleva genes indígenas. No es casualidad que esos genes estén manifiestos en las clases populares, mientras que los orígenes exógenos se den en las clases gobernantes de nuestro país.
ResponderBorrarPor otro lado, el Gobierno chileno no ha hecho más que ceder ante las presiones populares e internacionales. Probablemente si estuviéramos en dictadura, Patricia ya estaría muerta y ni siquiera sabríamos del porqué de su muerte.
Además el gobierno sabe que con el nivel de exposición de este caso, la muerte de Patricia Troncoso no habría hecho más que provocar reales costes en cuanto al mantenimiento del orden público y de vergûenza frente a los organismos de DDHH internacionales.