abril 17, 2006

Elecciones en las universidades (parte 2)
La semana pasada, a propósito de las elecciones que se avecinan en algunas universidades públicas, señalamos que el grueso de las discusiones que están teniendo lugar no dan cuenta de la profunda desorientación en que se encuentran sumidas instituciones y personas. Éstas han sido atrapadas por un modelo de universidad pública que ha operado con la racionalidad de los agentes económicos privados. Ante el imperativo del autofinanciamiento no pocas universidades han olvidado su carácter público y/ o de paso han sacrificado calidad académica.

A modo de ejemplo varias universidades estatales han instalado sedes a miles de kilómetros de su casa central, lo que no sería problema (en un formato de mercado), de no existir en esas localidades otras universidades, pero ocurre que las hay y también son estatales, ¿Quién puede entender esto? ¿Qué lógica explica esta irracionalidad? ¿Son universidades públicas destinadas a competir entre sí? ¿A disputarse los mercados? ¿Esa es su misión?

También ocurre en el país que universidades que reciben significativos aportes públicos, sean privadas o estatales, en una misma región, imparten las mismas carreras, duplicando esfuerzos en vez de ampliar la gama de oportunidades para sus estudiantes.
¿Por qué ha podido ocurrir esta situación? En el fondo, por que las universidades estatales operan como agentes privados y la institucionalidad directiva que las sustenta es débil y no facilita el control público. Es decir, no tienen claro a quien responden.
En la semana un lector me invitó a presentar algunos de los desafíos que debe enfrentar el sistema universitario chileno. Uno de ellos, sino el principal, es que las universidades públicas actúen sistémica y sinérgicamente, cooperando entre sí, no en pro de sus éxitos individuales o institucionales sino en atención a los principales requerimientos sociales, económicos, productivos y culturales de las personas (sociedad). El Consejo de Rectores, entidad que convoca a los rectores de todas universidades públicas, hasta la fecha ha sido incapaz de abordarlo.
Todo esto ocurre en el marco de la autonomía de la que gozan las universidades, donde las decisiones se adoptan –por lo general- bajo esquemas de participación académica más formales que reales. Administrativos y estudiantes no tienen participación alguna, no obstante ser parte de la comunidad universitaria, pues cualquier asomo de pretensión de involucrarlos, siquiera con derecho a voz hace invocar automáticamente el recuerdo del “cogobierno”. Pero lo más patético es el rol de los académicos, quienes una vez que eligen a sus representantes rara vez logran compenetrarse de las decisiones que adoptan, ya sea por comodidad como por estar sumergidos en la necesidad de “producir” clases y publicaciones para mantenerse como tales. Entre tanto, quienes son elegidos como autoridad, es más que menos oportunidades tienden a perpetuarse.
Tenemos entonces muchos desafíos por delante: que exista límite definido para la reelección de Rector, que los representantes académicos en las Juntas Directivas sean electos por los académicos; ampliar la participación a estudiantes y administrativos. También es necesario reformar estas instancias de dirección con personas que sin duda actuando de buena voluntad y desprendimiento personal requieren conocer profundamente de un “negocio” que es altamente competitivo, complejo y diverso, es decir la dirección de las universidades requiere de expertos en el tema universitario, en políticas públicas, en gestión pública, en gestión del conocimiento, etc.
Si las universidades públicas quieren tener un rol trascendente en el futuro de la sociedad, necesariamente tendrán que reinsertarse “recreadas e inteligentemente” en la sociedad, y para ello se requiere romper los miedos, cambiar las prácticas obsoletas y desatar amarras.

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